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| Comisión parlamentaria que investigó el caso Nombela |
«Obtenía dinero por procedimientos condenables, pero lo donaba a manos llenas. Tenía establecidas pensiones para viudas de camaradas de lucha y para antiguos republicanos sin recursos, y ningún necesitado llegaba hasta él sin ser socorrido»
El 26 de julio de 1935, el diputado independiente Dionisio Lopez presentaba una proposición en el Parlamento. Venía firmada por todos los partidos de la oposición.
Dionisio López quería aclarar “ciertas acusaciones de inmoralidad que se atribuyen a determinadas personalidades afectas a la Presidencia del Consejo de Ministros.”
El diputado se preguntaba por qué habían sido cesados el Inspector de colonias, Antonio Nombela y su secretario José Antonio Castro, tras un Consejo de Ministros en el que se había anulado un pago de tres millones y pico de pesetas a favor de la naviera “Sociedad África Occidental”.
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| Antonio Nombela Tomarich, el funcionario que destapó el escándalo. |
La movida venía de lejos.
La dictadura de Primo de Rivera había rescindido unilateralmente un contrato de transporte marítimo en el golfo de Guinea a la naviera. La compañía pleiteaba con el Estado desde entonces.
A Dionisio López le extrañaba que el Presidente de la República hubiera felicitado al Gobierno y, sin embargo, se hubiera cesado “fulminantemente” a los dos funcionarios que habían intervenido para evitar el pago irregular.
Alejandro Lerroux, Presidente del Gobierno, había anunciado su asistencia, pero una oportuna indisposión le impidió acudir a la sesión.
Gil-Robles, hombre fuerte de la coalición de Gobierno y ministro de Guerra, se ofreció a contestar al diputado a pesar de no venír preparado. Era uno de los tres ministros que habían estudiado el expediente por ser Catedrático de Derecho Administrativo.
Contrariamente a lo que uno pueda suponer, la reclamación estaba bien fundada. El Supremo había fallado en dos ocasiones a favor del empresario, pero habían pasado 6 años y la sentencia seguía sin ejecutarse.
El naviero (Sr. Tayá) había vivido tiempos gloriosos durante la I Guerra Mundial. La guerra disparó el precio de los fletes y las navieras se forraron al amparo de la neutralidad española. Sin embargo, los buenos tiempos habían pasado y el empresario estaba arruinado.
Antonio Tayá acusaba a las autoridades coloniales de haber amarrado sus barcos y retenido las subvenciones (el servicio era deficitario) para favorecer a un competidor.
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| Puerto de Sta Isabel en Fernando Poo |
El pleito se prolongaba por discrepancias en el cálculo de la indemnización:
Si había derecho a las subvenciones no percibidas, la pérdida de ingresos por paralización del servicio, el mantenimiento de los barcos mientras habían estado parados, incluso la indemización por dos naves que habían ido a pique por un tifón mientras estaban fondeados.
Gil-Robles relata un farragoso proceso contencioso administrativo con el expediente saltando de despacho en despacho y el litigante volviendo una y otra vez a la casilla de salida. Como una partida de la Oca con los dados trucados.
Además de los Tribunales, metían baza:
El Gobernador de la colonia, la Dirección General de Colonias dependiente de Presidencia del Gobierno...
(tras la pérdida de Cuba se suprimió el Ministerio de Ultramar y se gestionaban desde la secretaría de Presidencia),
...el Consejo de Ministros, el Consejo de Estado, el Ministerio de Hacienda y ocasionalmente el mismísimo Parlamento.
Un lío.
También existían divergencias sobre que Administración debía hacer el pago.
El asunto era más relevante de lo que parece: las Colonias gozaban de una "anomalía" legislativa.
Te cuento.
Los superavits de todas las administraciones debían reintegrarse por ley al Ministerio de Hacienda; sin embargo, los de las colonias pasaban directamente al "Tesoro Colonial"
Si el dinero salía del Tesoro Colonial, el cobro se hacía por cheque sin más formalidades; pero si pagaba Hacienda, el Parlamento debía aprobar primero un crédito extraordinario y podías morirte antes de cobrar.
Curiosamente, los presupuestos de Guinea habían tenido superávits desde la llegada de la República y había un pastizal en el “Tesoro colonial”.
Otro lío.
Aunque decía hablar de memoria, Gil-Robles se preocupó muy mucho de hacer hincapié en que el Gobierno no había tenido que cancelar ningún acuerdo de pago puesto que nunca había llegado a existir.
El Consejo de Ministros había tratado el asunto el 11 de julio, pero “de forma superficial, sin que se llegara adoptar ningún acuerdo en firme”.
Según él, solo existía el acuerdo que denegaba el pago, adoptado el día 16, una vez que estudiaron mejor el expediente. Fue el Consejo en que habían recibido la felicitación de Alcalá-Zamora.
Más lío.
Confirmó que habían encontrado “anomalías” y se ofreció a dar cuenta a la Cámara cuando acabara la investigación en curso para depurar responsabilidades.
Prometió que “si no resultaban cargos contra dichos señores, tendría mucho gusto en reponer a estos funcionarios en sus respectivos cargos”.
Vale.
Había despegado el Caso Nombela, un misil que explotaría cuatro meses después, con la polvareda del Escándalo del Estraperlo flotando en el ambiente.
La denuncia Nombela.
El 28 de noviembre, Antonio Nombela pedía amparo a las Cortes para “hacer resplandecer su conducta” y “limpiar su honor”.
Presentó una denuncia que destapaba una serie de irregularidades administrativas cometidas por la Dirección General de Colonias.
El Sr. Nombela era capitán de aviación con la Laureada de San Fernando por méritos de guerra. Había sido nombrado Inspector General de Colonias en 1933.
Para que te hagas una idea: la Inspección de Colonias coordinaba las políticas de la metrópoli con sus colonias.
Nombela empezaba acusando al Gobierno de haberse olvidado de la investigación prometida por Gil-Robles.
Al poco de tomar posesión del cargo, el funcionario había llegado a "la triste convicción de que, a la incompetencia y al absoluto desinterés por la obra colonizadora”, se unía el afán del subsecretario de Presidencia para “dificultar toda labor que no respondiera exclusivamente a determinados propósitos”.
El subsecretario era un cargo de libre designación. Lerroux había nombrado a Antonio Moreno Calvo, casualmente el hombre fuerte del partido Radical en Sevilla.
Ya sabes.
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| Sr. Moreno Calvo Subsecretario de Presidencia saliendo de declarar ante la Comisión de investigación.(Ahora, 3/12/1935) |
Los "propósitos" de Moreno Calvo pasaban por exigir a sus subordinados “salvar las dificultades por grandes que fueren” para que la naviera cobrara lo antes posible.
¿Motivo?
El secretario les decía que Antonio Tayá había “sacado de difíciles apuros a don Alejandro Lerroux, y este, reconocido, le había prometido corresponder cuando cambiaran las circunstancias”.
La denuncia vuelve a relatar el viacrucis burocrático, esta vez rociado con una ristra de alteraciones procesales: desde la desaparición de expedientes y documentos, pasando por la ausencia de fechas y firmas, hasta manipulación de registros.
El subsecretario empleando todo tipo de artimañas para agilizar el cobro, y el abnegado funcionario empeñado en impedirlo. Como el gato y el ratón en los dibujos de Tom y Jerry.
Nombela seguraba que Gil-Robles le había hecho saber (por mediación de otro diputado) que comprendía el engaño, pero “sería provocar una crisis, que de ninguna manera interesa al país, y que, como mal menor, era preferible transigir con el hecho, aun lamentándolo profundamente."
No se que opinarás tu, pero por muy honorable que fuera el funcionario, cuesta creer que políticos y altos cargos se muestren tan imprudentes y explícitos ante un caso de corrupción.
El caso es que no dejaba títere con cabeza. Además del empresario, subsecretario, Presidente del Gobierno y Ministros, Nombela enmerdaba a jueces y abogados del Estado que habían intervenido en el procedimiento.
Todo en orden.
El Parlamento investiga el asunto Nombela.
Nombela presentaba la denuncia en el Parlamento (al mismo tiempo que a la prensa) el 28 de noviembre.
Al día siguiente, sus señorías paralizaban la aburrida discusión de los presupuestos para crear una comisión de investigación. Como ya ocurriera en el caso Estraperlo, el Parlamento se metía a Tribunal para hacer sonar el cencerro electoral.
Al lógico interés de la oposición, se sumaba el afán de los socios del Gobierno por demostrar su “acrisolado comportamiento” (como se decía en la época) y desmarcarse del partido Radical y su apestado Presidente, muy tocados desde el caso Estraperlo.
Una comisión de 21 diputados recabó la documentación existente y llamó a declarar a los principales implicados.
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| Nombela saliendo de comparecer ante la comisión depuradora (Ahora, 1-12-1935) |
Resulta curioso que el empresario no fuera citado a declarar. En carta dirigida a la prensa, su abogado lamentaba que sus señorías no quisieran escucharles.
"Bien está que la Cámara, celosa de la pulcritud administrativa y los derechos de un funcionario (..) le preste la atención debida.
Pero, ¿es menos grave que se injurie a una sociedad y a su representante legal, que se arruine a una sociedad con una reiterada e inicua persecución, y que no se dé cumplimiento a dos sentencias del Tribunal Supremo?
¿Es tolerable que se haga carambola a nuestra cuenta?
(..) Si no se nos oye…. los políticos sabrán por qué".
* * *
La comisión acabó sus trabajos una semana después, el jueves 5 de diciembre.
El sábado 7 se reunía el Parlamento para discutir el dictamen. Una maratoniana sesión que empezó a las cuatro de la tarde y acabó a las siete de la mañana del domingo.
Como lo oyes.
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| A las seis y media de la madrugada, este diputado se rinde al sueño en un divan del salón de conferencias (Ahora, 10/12/1935) |
Basta con decir que “encontró entre sus papeles” la resolución que ordenaba el pago de la indemnización dos días después de haber declarado ante la comisión. Estaba firmada por el Presidente del Gobierno con la fecha en blanco.
Oh!
Quedó demostrado que Lerroux había ordenado el pago, pero los Radicales se defendian alegando que respondía al acuerdo adoptado en el Consejo de Ministros del 11 de julio.
El Gobierno había revocado la orden posteriormente, una vez que se estudió con más detenimiento el expediente en la reunión del día 16.
Según los radicales había dos acuerdos: uno aprobando y otro anulando el pago.
Sus socios del Gobierno discrepaban. Aseguraban que el asunto se había tratado “a última hora de un Consejo de Ministros, con estos de pie, a punto de marcharse”.
Según ellos, no hubo que anular nada porque nunca hubo acuerdo para que se pagara. Solo existía el acuerdo denegándolo, tomado en la reunión del día 16.
Para enredar un poco más, también había motivos para dudar de este argumento: la orden de pago había salido publicada en la nota oficiosa del Consejo de Ministros del 11 de julio. Varios períodicos se habían hecho eco en sus crónicas parlamentarias.
¿Comorrr?
Los socios alegaban que dicha nota no tenía validez, puesto que no estaba firmada del Ministro que hacía las funciones de secretario del Consejo (casualmente de la C.E.D.A.).
Unos decían que, según que tipo de acuerdos, era costumbre que no llevaran firma, los otros lo negaban…
Uff...
Lo único claro es que alcance de las responsabilidades era muy distinto según la versión de unos u otros.
EL dictamen de la comisión en el Caso Nombela
Supongo que no te sorprenderás si te digo que cada partido sacó conclusiones en función de sus intereses políticos. Como ocurre en la actualidad, la comisión de investigación solo sirvió para convencer a los que ya estaban convencidos.
Verás.
Los hechos nadie los discutía. Sin embargo, la responsabilidad penal y administrativa era competencia exclusiva de los Tribunales. Sus señorías sabían que el asunto estaría olvidado antes de que llegara el fallo de la Justicia.
El verdadero interés se centraba en las responsabilidades políticas, y no hubo unanimidad dentro de la comisión. El informe vino acompañado de un rosario de votos particulares.
El dictamen final libraba a Lerroux de la acusación y la descargaba en la cabeza del el subsecretario. Algo lógico, si tenemos en cuenta la mayoría de diputados gubernamentales dentro de la comisión.
Como no podía ser de otra manera, entendían que el Gobierno había actuado de buena fe.
Valga como muestra el retrato que Gil-Robles hace de Lerroux en sus memorias:
“Nos hallábamos todos convencidos de que había sido víctima de su propia debilidad, casi de tipo senil, y, sobre todo, de los contactos y relaciones, que nunca se atrevió a romper, con determinadas gentes cuyos procedimientos y actividades rozaban con frecuencia el código penal”
Más lelo que Joe Baiden. Vale.
Desde el cambio de Régimen, los monárquicos eran señalados como responsables de las corruptelas de la Dictadura, ahora se vengaban echando mierda a la República.
Les interesaba romper la coalición radical-cedista sin que Gil-Robles saliera demasiado mal parado. Necesitaban que la C.E.D.A. abandonara la vía del republicanismo con la vista puesta en futuras coaliciones electorales.
En consecuencia, descargaron toda la responsabilidad sobre Lerroux y su Subsecretario.
José Antonio Primo de Rivera (hijo del dictador) ayudó a Nombela a redactar la denuncia. Dijo algo que posiblemente estaba en la mente de todos:
"El señor Lerroux no delinque nunca; pero en las inmediaciones del señor Lerroux siempre hay, para delinquir, o un hijo adoptivo, o un cuarto cívico militar, o un subsecretario propicio, o un ministro medio tonto; siempre se encuentra eso en los alrededores del señor Lerroux para que se lleven el peso a la hora de las condenaciones…"
Por su parte, las izquierdas asistían divertidas al espectáculo. No habían reconocido la victoria de la derecha en las elecciones de 1933 y venían pidiendo la disolución de las Cortes desde entonces.
Tenían muy claro que estaba pringado el Gobierno "clerical-fascista" al completo.
¿Te das cuen?
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| Alejandro Lerroux renunció a defenderse. En mitad de la sesión se fue a dormir a su casa. |
La denuncia Nombela da la puntilla al Gobierno
Como ocurriera en el caso Estraperlo, la sombra de Alcalá-Zamora volvió a planear sobre este escándalo.
Nombela se negó a revelar la identidad del "alto cargo" que, según reconoció ante la Comisión, le había apoyado hasta sacar la denuncia a la luz pública. Se supo mucho tiempo después, en una entrevista que concedió al diario Arriba en 1968.
Si el Gobierno había quedado muy tocado tras el Estraperlo, el asunto Nombela fue la puntilla.
Tras el primer escándalo, Alcalá Zamora había nombrado Presidente del Gobierno al Ministro de Hacienda, Joaquín Chapaprieta, que pasó a compatibilizar ambos cargos.
El momento político era muy delicado: los presupuestos se atascaban en el Parlamento. Las divergencias entre los socios de Gobierno ya eran públicas antes de que Nombela presentara la denuncia.
Chapaprieta era un tecnócrata ("hacendista", se decía en la época) empeñado en sanear el déficit público a base de recortes y subidas de impuestos.
En su descargo, hay que tener en cuenta que todavía estaba vigente el patrón oro, y no existía la capacidad de endeudamiento infinito imprimiendo billetes de papel como en la actualidad.
El problema es que Chapaprieta era un independiente que solo tenía un escaño, mientras que sus Ministros representaban a la mayoría y no veían con buenos ojos desgasterse con unos presupuestos impopulares. Especialmente viéndose venir nuevas elecciones en el horizonte.
Al día siguiente de que el Parlamento discutiera el caso Nombela, Chapaprieta presentó la dimisión ante la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos.
La dimisión vino acompañada de una nota a la prensa explicando los grandes logros de su gestión durante los siete meses y medio como Ministro de Hacienda.
Bien.
En lo que iba de 1935, España había tenido cinco gobiernos, aun quedaba por ver el lamentable espectáculo de dos crisis más antes de que acabara el año.
Lo vemos en el capítulo dedicado a los gobiernos de Portela Valladares.
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Varios partidos quisieron llevar a Nombela en sus listas para las elecciones de 1936, pero renunció a meterse en política.
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