Salvoconducto en una cédula personal. Provincia de Granada (3/07/1939)
Cuando tu DNI era un impuesto con foto: salvoconductos, cédulas personales y el sueño húmedo del control total
Aquí tenemos una joya del “hazlo tú mismo” administrativo: un salvoconducto escrito y firmado en el dorso de una cédula personal1. Porque si algo define la burocracia de posguerra es el reciclaje creativo: un documento fiscal hoy, un permiso de movimiento mañana.
- Emisor:
- el comandante militar de Orce. Redacta el salvoconducto en el reverso de una cédula personal, impresa en papel timbrado de 19382.
- Fecha:
- 3 de julio de 1939. El documento va convenientemente encabezado con la fórmula oficial: “AÑO DE LA VICTORIA”.3
- Beneficiaria:
- una mujer de 25 años, vecina de Orce (Granada), soltera y profesión: “s. l.”, es decir, sus labores4. El clásico comodín administrativo para el trabajo de la mujer en el hogar: existir, currar gratis y no molestar.
- Derecho obtenido:
- “circular libremente por toda la provincia de Granada”.5
Nos encontramos ante un curioso salvoconducto escrito y firmado en el dorso de una cédula personal, aprovechando un documento fiscal como soporte de control de movimientos. Lo sutil, ya si eso, otro siglo.
Breve historia del Documento Nacional de Identidad
La cédula personal: los orígenes
La cédula personal, también llamada de empadronamiento, era en realidad el recibo de un impuesto directo sobre la renta, emitido en papel timbrado. Nació como documento fiscal y terminó funcionando, de forma más o menos chapucera, como identificación. Lo que hoy llamaríamos “feature emergente”: no estaba pensado para eso, pero acabó siéndolo.
Al terminar la guerra civil todavía no existía el Documento Nacional de Identidad tal y como lo conocemos hoy. Lo que había era esta cédula personal, vigente desde 1854 hasta 19446, que a veces servía como prueba de identidad simplemente porque era lo único que algunos podían presentar. “¿Documento?” “Tengo un impuesto.” “Perfecto, pase.”
La ley exigía mostrar la cédula para litigar en tribunales, comparecer ante notario, desempeñar cargos públicos o ejercer actividades industriales y comerciales. En todas esas situaciones hacía las veces de tarjeta de identidad improvisada.
Como derivaba de un impuesto sobre la renta, la cédula se dividía en varias categorías impositivas7, de forma que el papel no solo identificaba al titular, sino que delataba de paso su nivel económico aproximado. Identificación y radiografía social, todo en uno: eficiencia burocrática con regusto a clasismo.
No era un documento de ámbito nacional ni dependía de un registro centralizado. Las cédulas las expedían ayuntamientos y diputaciones, y el diseño variaba según la administración que las emitía. Cada territorio iba por libre en lo estético y, a veces, también en lo práctico. Federalismo gráfico, centralismo de palo.
Pese a la obligatoriedad del impuesto, estudios comparativos entre censos y fuentes fiscales de finales del siglo XIX muestran que quienes lo pagaban no llegaban al 60 % de la población mayor de 14 años8. El otro 40 % sencillamente no tenía “papeles”.
No hace falta mucha imaginación para entender que, con casi la mitad de la población sin cédula, el valor de este documento como instrumento de control policial era bastante relativo. Control total, pero a ratos.
Otros carnés —como el de conducir, los colegiales de profesiones liberales o los militares— también se usaron de forma eventual como identificación durante el primer tercio del siglo XX. Si tenía foto y sello, ya era “verdad”.
El Documento Nacional de Identidad (D.N.I.)
Durante la dictadura del general Berenguer9 se planteó transformar la cédula personal en un verdadero documento de identidad que sirviera, entre otras cosas, para controlar procesos electorales. Qué casualidad: modernización, sí, pero con intención.
El proyecto incluía como gran novedad técnica la huella dactilar. Sin embargo, la llegada de la Segunda República y, posteriormente, la guerra civil, dejaron la idea en el desván.
En abril de 1938, coincidiendo con la llegada de las tropas franquistas al Mediterráneo, el gobierno de Burgos decidió crear el Servicio de Identificación Nacional10, claramente orientado a convertirse en herramienta de control policial de toda la población. Si vas a gobernar con miedo, al menos asegúrate de poder ponerle nombre y apellidos.
Era el primer intento serio de registro policial universal. La idea: sustituir el caos de carnés, salvoconductos y papeles de guerra por un sistema unificado. Un “orden” nuevo, pero con la mirada clavada en tu nuca.
El proyecto inicial del DNI se concibió como un auténtico carné de carnés: debía condensar en un solo soporte datos sobre estado civil, filiación, domicilio, características físicas, situación militar, aptitud para conducir, pertenencia a asociaciones, condición de funcionario e incluso el historial profesional completo. Vamos, el sueño húmedo del archivista autoritario: una persona = un expediente con patas.
El plan era tan ambicioso que rozaba lo utópico. Se pretendía concentrar demasiada información para la tecnología administrativa y los medios de archivo de la época. Mucho control imaginado, poca logística real.
El proceso de implantación del Documento Nacional de Identidad fue largo y lleno de retrasos. No arranca realmente hasta 1944, cuando se publica el decreto que crea el DNI “con carácter nacional y eficacia plena en la identificación indubitada de la personalidad individual”11. Traducido: ahora sí, todos fichados como Dios (y el Estado) mandan.
La identificación masiva de los españoles siguió un orden muy revelador: primero presos y personas en libertad vigilada; después varones que cambiaban con frecuencia de domicilio por trabajo; luego hombres residentes en ciudades de más de 100.000 habitantes; más tarde los de poblaciones menores; y después las mujeres que viajaban por trabajo.
Solo después de pasar por todos esos escalones se llegó al resto de la población. El proceso no se dio por concluido hasta 196212. Para entonces, Franco ya llevaba años luciendo el número 1 de la serie, como recordatorio práctico de quién era el propietario simbólico del “registro”.
Notas
-
Cédula personal: documento fiscal (en papel timbrado) que acreditaba el pago de un impuesto personal y que, en la práctica, se usó a menudo como identificación antes de la implantación del DNI. ↩
-
Papel timbrado: papel oficial con sello/timbre fiscal incorporado, utilizado para documentos sujetos a tasas o impuestos; su presencia “oficializa” el soporte incluso cuando se reutiliza. ↩
-
“Año de la Victoria”: fórmula franquista de datación en 1939 (y muy frecuente en la documentación inmediata de posguerra) que subraya la victoria militar y su traducción a “liturgia” administrativa. ↩
-
“s. l.” / “sus labores”: etiqueta administrativa típica para mujeres sin empleo remunerado declarado; invisibiliza el trabajo doméstico y sirve como categoría “comodín” en padrones y documentos. ↩
-
“Circular libremente…”: en el contexto de posguerra, “libremente” suele significar “con permiso”; la frase remite a un régimen de movilidad vigilada (controles, salvoconductos, toques de queda y verificación de identidad). ↩
-
1854–1944: el texto se refiere al periodo de vigencia general de la cédula personal como pieza fiscal/identificativa antes de su sustitución efectiva por el DNI (que se crea por decreto en 1944, pero tarda años en generalizarse). ↩
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Categorías impositivas: tramos o clases del impuesto (según renta o “capacidad económica” estimada) que determinaban cuánto se pagaba; por eso el documento podía delatar el estatus del titular. ↩
-
“No llegaban al 60 %…”: la cifra se usa aquí como idea de cobertura incompleta (mucha gente quedaba fuera del circuito fiscal-documental), lo que limita la eficacia del documento como control universal. ↩
-
Dictadura del general Berenguer: etapa final de la monarquía de Alfonso XIII (1930–1931), a veces llamada “dictablanda”, en la que se intentó desmontar el sistema de Primo de Rivera y reordenar el aparato del Estado. ↩
-
Servicio de Identificación Nacional: estructura creada en zona franquista para impulsar un registro de identificación más uniforme y centralizado; antecedente administrativo del despliegue posterior del DNI. ↩
-
“Identificación indubitada…”: fórmula jurídica típica para subrayar que el documento pretende servir como prueba plena de identidad, frente a carnés locales o papeles heterogéneos. ↩
-
1962: año que suele citarse como cierre del despliegue general del DNI (cuando ya se considera extendido al conjunto de la población), tras una implantación lenta y escalonada. ↩
