En la mañana del lunes, algunos grupos se dirigieron a la residencia de jesuitas de la calle de la Flor, y después de derribar las puertas, penetraron en el edificio, le rociaron de gasolina y le prendieron fuego, arrojando a una hoguera que se hizo en la calle cuantos objetos hallaron a mano. (Ahora. 12/05/1931. Pág.15)

El mismo día de la proclamación de la II República, el nuevo gobierno provisional hizo público un "Estatuto Jurídico" en cuyo tercer artículo anunciaba "respetar de manera plena la conciencia individual mediante la libertad de creencias y cultos."

Todo en orden.

Después de haber sido llevado a hombros por el pueblo madrileño hasta el Gobierno, el comité revolucionario hacía público su primer decreto de intenciones políticas.

Sonaba políticamente correcto...

Anticlericalismo en la segunda República.

Sin Parlamento y sin Jefe del Estado, el nuevo Gobierno se atribuyó todos los poderes, incluida la facultad de suspender los derechos ciudadanos: "someterlos a un régimen de fiscalización gubernativa", según decía el manifiesto.

Y añadían que el nuevo Gobierno: "incurriría en verdadero delito si abandonase la República naciente". Amenazando a "quienes desde fuertes posiciones seculares y prevalidos de sus medios, pueden dificultar su consolidación..." [art. 6º]

La mención no era explícita pero quedaba claro por dónde iban los tiros.

Un Estado laico por decreto.

El Estatuto Jurídico era la base programática sobre la que el Gobierno Provisional promulgó una serie de decretos de marcado carácter anticlerical poco tiempo después de alzarse al Poder.

Las nuevas normas rescindían unilateralmente los acuerdos que habían vinculado tradicionalmente a España con el Vaticano. Lógicamente, la jerarquía eclesiástica se opuso a estas medidas y encontró el apoyo de sus fieles. Ciudadanos que querían que sus creencias fueran respetadas.

A pocos hubiera molestado un Estado aconfesional, pero los políticos republicanos iban más allá, eran laicistas, pretendieron despojar de un plumazo la vertiente religiosa de la sociedad española.

Prohibieron impartir enseñanza al clero y promulgaron nuevas leyes que obligaban a derribar las tapias que separaban las tumbas católicas de las paganas en los cementerios.

Lo cierto es que la "Ley de secularización de cementerios" levantó más ampollas que la que obligaba a quitar los crucifijos de las escuelas.

¿Qué necesidad había de paganizar un campo santo?

La ley pretendía crear una amalgama confusa de tumbas, una absurda "igualdad" entre difuntos que solo conseguió herir a los creyentes. 

Nuestros abuelos no entendían que se prohibieran los enterramientos religiosos, que se prohibieran las tradicionales misas de difuntos.

¿Qué necesidad había de prohibir la llamada a misa de las campanas?

La medida era tan absurda, que su aplicación final dependió del cerrilismo del Gobernador Civil de turno. Gobernadores que acababan de ser nombrados a dedo en cada provincia.

La Monarquía había permitido la celebración de entierros civiles. En plena dictadura se enterró a Pablo Iglesias en Madrid multitudinariamente (1925), pero ahora se exigía autorización administrativa para celebrar entierros cristianos.

Vale.

Los católicos no entendían la obsesión por acabar con las fiestas del patrón del pueblo. Acabar con las romerías y las procesiones. Tampoco la ley que obligaba a declarar en vida y por escrito el deseo expreso de ser enterrado como católico.

El artículo 4 de la "ley de cementerios" establecía que ningún ciudadano podía ser enterrado con rito religioso «a no ser que hubiese dispuesto lo contrario de manera expresa». Entre el 30 y el 40% de la población era analfabeta, negocio redondo para los notarios.

Aunque la mayoría de españoles eran indiferentes en materia religiosa, la medida cabreó a mucha gente acostumbrada a sepultar a sus muertos cristianamente.

¿Que le importaba a un analfabeto que la República permitiera el divorcio?

Un asunto de señoritos: los escasos divorcios que se celebraron en España fueron de gente guapa, llevados por abogados con escaño en las Cortes.

Se promulgaron pomposas leyes "progresistas" en medio de intensos debates parlamentarios, sin embargo, no se tocó el Código Civil. Las mujeres seguían necesitando permiso paterno o del marido para viajar al extranjero.

A la nueva casta no le bastaba con atraer votantes por convencimiento, se empeñaron absurdamente en perseguir al creyente, al religioso.

Uno de los más graves errores de la II República fue soliviantar (sin necesidad ni motivo), el espíritu religioso de la sociedad española. El dogmatismo oficial creó un problema donde no lo había: el de una mayoría religiosa oprimida, un ejército de creyentes profundamente ofendidos.

*   *   *

La coalición republicano-socialista arrampló con el 85% de los escaños en las nuevas Cortes Constituyentes. Gracias a esta abrumadora mayoría redactaron una Constitución que defraudó a buena parte de los ciudadanos por su extremismo: masas apolíticas (hoy diríamos indecisos) que habían apoyado el advenimiento de la República.

Anticlericalismo del artículo 26 de la nueva Constitución.

España ha dejado de ser católica.

El 13 de Octubre de 1931 Azaña pronunció una de las frases más petulantes jamás escuchadas en el Parlamento: "España ha dejado de ser católica".

La mera pretensión de cambiar por decreto la creencia religiosa de un pueblo era un disparate, pero recibió el aplauso enfervorecido del nuevo Parlamento. 

Dos días después, Don Manuel se aupaba a la Presidencia del Gobierno, en una de las carreras políticas más fulgurantes de la historia de España.

No merece la pena extenderse en que es imposible legislar sobre el alma de un pueblo, bastan los hechos: mientras el Parlamento discutía el famoso artículo 26, en los cementerios de Madrid recibían cristiana sepultura 7.859 cadáveres, contra 134 por lo civil [datos del segundo semestre de 1931].

Así era la sociedad española y ningún político iba a cambiarla por decreto.

*   *   *

Había quedado aprobado el artículo 26 de la nueva Constitución, el marco legal en el que se desenvolvería la actividad de la Iglesia Católica en el futuro.

El objetivo era triturar la institución: el artículo 26 cerraba el grifo del presupuesto estatal, dejaba la puerta abierta a la expropiación de sus bienes, y le prohibía el ejercicio de la industria, el comercio y la enseñanza.

En román paladino: condenaba a la Iglesia a vivir de la limosna.

Los nuevos dirigentes pretendían que la Iglesia abandonara sus actividades educativas y sociales. Actividades que eran percibidas por la nueva casta como la inoculación de un tóxico mortal en la sociedad.

Tras pasar el siglo XIX ocupados en pronunciamientos y guerras civiles, apenas les había quedado tiempo a los políticos para desarrollar servicios sociales. 

Actividades como la educación, la sanidad y el auxilio social habían sido sistemáticamente abandonadas en manos de la Iglesia. Ahora trataban de barrer todo eso de un plumazo.

"Veinticuatro religiosos agustinos han llegado de España a la abadía de Atchison (Kansas), a consecuencia de los disturbios de carácter religioso. Les acompañan en la foto religiosos norteamericanos, que les ofrecieron aquel refugio." (Ahora, 14/10/1931, pág.27)

*   *   *

La aprobación del artículo 26 no estuvo exenta de polémica. Entre los nuevos ministros del Gobierno provisional había uno de misa diaria. Como España es el país de las paradojas, acabó convertido en Presidente de la República.

Veréis.

El mismo día que se aprobó el artículo 26, dimitía el primer Presidente de Gobierno de la historia de la II República: Don Niceto Alcalá-Zamora. Alegó que su condición de creyente le impedía aceptar el denigrante trato que la Constitución daba a la Iglesia Católica.

La dimisión fue aceptada y la zancadilla permitió que fuera reemplazado por D. Manuel Azaña con el apoyo de republicanos de izquierda y socialistas.

En solo dos años, Azaña había pasado de Presidente del Ateneo a Presidente del Gobierno. Sin duda es una meteórica carrera política para el líder de un partido con solo 25 escaños.

Pero tampoco le iba a la zaga el beato Alcalá Zamora. Dos meses después de dimitir, no tuvo ascos en jurar la misma Constitución que tanto repugnaba a su alma cristiana.

Don niceto sacrificó sus íntimas convicciones para ocupar la más alta institución republicana. Se olvidó de la campaña de modificación constitucional que había anunciado, y pasó a la historia como primer presidente de la II República.

Aspecto del Balcón de la Plaza de Oriente el día de la Proclamación de Alcalá-Zamora como Presidente de la República.

El Parlamento quedó satisfecho, me pregunto qué opinarían los padres que habían visto arder las escuelas de sus hijos durante la campaña electoral.

Padres a los que no quedó otro remedio que confiar en los modernizadores planes educativos del nuevo Gobierno. Planes consistentes en fabricar —deprisa y corriendo— nuevas escuelas sin crucifijos en la pared.

Persecución religiosa: La ley de Congregaciones y Confesiones religiosas.

A pesar de todo, el momento de mayor confrontación entre el Gobierno y los católicos estaba por llegar.

Se produjo año y medio después, con la aprobación de la Ley de Congregaciones y Confesiones religiosas el 17 de mayo de 1933.

La ley ponía en práctica el art. 26 de la Constitución. Supuso la culminación de la política persecutoria anticlerical de la segunda república.

Colegio del Convento de las Maravillas de Cuatro Caminos destruido por las llamas durante la campaña electoral a Cortes Cosntituyentes. (Ahora. 13/05/1931. Pág. 11)

El Gobierno de Azaña sacó adelante la versión más sectaria de todas las propuestas presentadas en el Parlamento:

• Suprimía definitivamente la dotación presupuestaria que el Estado otorgaba a la Iglesia.

• Nacionalizaba templos, monasterios y seminarios. 

• Ordenaba el cierre obligatorio de los centros de enseñanza católicos.

La medida suponía dejar sin colegio 400.000 niños.

Casi na.

Había que construir miles de nuevas escuelas. Una promesa electoral más, que (igual que la reforma agraria) fue imposible de cumplir por falta de recursos humanos y financieros. En todo el periodo republicano sólo se aprobaron unos presupuestos generales. Fueron prorrogados sistemáticamente en un clima de permanente de inestabilidad política.

Mira lo que apuntaba Azaña en sus diarios una semana antes de aprobarse la ley:

"Otra cosa le preocupa [se refiere al ministro de "Instrucción pública", hoy Educación]: cree imposible que se pueda sustituir en enero toda la enseñanza primaria y teme el espectáculo de las escuelas de frailes cerradas sin que los niños tengan adónde ir" (Diarios. 11/05/1933)

En un clima de creciente crisis económica y violencia social, con las cifras de paro disparadas, el pueblo sólo quería que se solucionaran sus problemas; pero sus señorías preferían enzarzarse en acalorados debates para sacar adelante una ley de "secularización de cementerios".

*   *   *

El artículo 2º de la Constitución garantizaba la igualdad de todos los españoles ante la ley, pero el hecho es que se estaban recortando derechos a los ciudadanos católicos por sus meras creencias religiosas.

Pocos estaban en contra de quitar a los curas el privilegio de dar clase por el mero hecho de llevar sotana. Era lógico que se les exigiera el mismo título que a los maestros, pero.. ¿por qué había que echar a la calle a los capellanes de hospitales y penitenciarías? ¿Acaso no eran tan funcionarios como el que más?

Puro sectarismo o... ¿se trataba de enchufar nuevos funcionarios en las plazas vacantespara crear redes clientelares?

Los nuevos gobernantes persiguieron la religión y lo único que consiguieron fue que una mayoría de no practicantes volvieran a llenar los templos. En España, tradicionalmente, los ideales se han reforzado con la persecución. Cuando Azaña quiso darse cuenta, ya era demasiado tarde.

El despeñadero hacia la guerra civil.

El vuelco electoral de 1933

El propio Azaña reconoció que el asunto religioso había sido el principal causante de la debacle electoral en las elecciones de Noviembre del 33.

"El alcalde accidental socialista de Campo de Criptana notificó esta mañana la imposición de un centenar de multas de 5 pesetas por dar vivas a la Virgen Patrona del pueblo durante una procesión. Los multados están dispuestos a no pagar y sufrir el arresto supletorio en la cárcel." (El Siglo Futuro, 20/04/1932. Pág.2)

La coalición de derechas que venció en las urnas traía la promesa electoral de rectificar la política anticlerical anterior. Sin embargo, Don Niceto Alcalá Zamora prefirió entregar el poder al partido radical de Alejandro Lerroux.

Gil Robles era el portavoz de la coalición de partidos de derechas que habían ganado ampliamente las elecciones, pero en vez de forzar unas nuevas elecciones, prefirió colaborar con el Gobierno.

La "táctica" de pasteleo Gilroblista consistía en que el partido más votado era oposición y a la vez apoyo de un Gobierno minoritario. Acabó defraudando a sus propios votantes.

Con todo, el cambalache ministerial de Lerroux y Gil Robles aguantó dos años muy complejos en los que se sucedieron 14 crisis de gobierno, a las que hay que sumar un intento de golpe de Estado, una proclamación de independencia en Cataluña y 1.200 muertos en Asturias, incluida la destrucción del casco histórico de Oviedo.

La inestabilidad política impidió modificar la legislación anticlerical que hubiera necesitado una previa reforma Constitucional.

Aspecto del centro de Oviedo después de la "Revolución" de Asturias.

Los mismos historiadores que llaman "bienio progresista" a la obra de Azaña, no dudan en calificar como "bienio negro" la labor del gobierno salido de las elecciones del 33.

Una coalición de gobierno que se conformó con no hacer efectiva la legislación anticlerical vigente, mientras se peleaban por acaparar carteras ministeriales y se dedicaban a indultar a los principales cabecillas del golpe de Estado del 34.

Después de varios intentos, el chiringuito de Gil Robles y Lerroux acabó torpedeado por el propio Presidente de la República cuando este filtró a la prensa unos documentos que implicaban al Gobierno en el conocido como escándalo del Estraperlo.

Incendio de la iglesia de los vascos en la calle Principe 31 de Madrid, los bomberos tratan de recuperar la imagen de San Ignacio de Loyola (13/03/1936)

Alcalá Zamora pretendió formar un nuevo partido de centro tras la debacle del partido Radical. La jugada salió mal y acabó costándole la propia presidencia de la República.

Los monárquicos no se fiaron de Gil Robles en las elecciones del 36. Les había traicionado a cambio de unas carteras ministeriales. No se habían cumplido las promesas electorales prometidas y faltó la unión necesaria para repetir la coalición de 1933.

En cambio si lo hicieron las izquierdas. Como la ley electoral favorecía las coaliciones, se repitió el desfase entre el reparto de escaños y el número de votos, característico de todas las citas electorales de la II República

El gobernador de Segovia multa a un párroco por "celebrar un entierro religioso sin su autorización." (La Nación - 26/02/932, pág 6)

Epílogo: El Frente Popular.

La victoria del Frente Popular significó el triste epílogo del anticlericalismo de la segunda República.

Las primeras actuaciones del nuevo gobierno derogaron las tímidas leyes que se habían promulgado para mitigar el anticlericalismo. La demonización de la Iglesia, la destrucción de iglesias y el cierre de las escuelas católicas volvió al orden del día.

En el 36 la discordia estaba ya sembrada y era irreversible. El pueblo estaba inmerso en una guerra civil espiritual entre los que pretendían salir en procesión y los que trataban de impedirlo.

*   *   *

En vez de actuar sin rencores, en vez de buscar la mutua tolerancia, los políticos se dedicaron a sembrar cizaña y sacar a la luz antiguas rencillas en una España que tenía mucha sarna que rascar.

Adoptaron la táctica de dividir a los españoles: vencedores republicanos y vencidos monárquicos, creyentes contra laicos, izquierdas contra derechas, terratenientes contra jornaleros. Política funesta que dejó el terreno abonado para lo que vendría después.

Las iglesias continuaron ardiendo y acabó muriendo mucha gente en una guerra civil.