En la mañana del lunes, algunos grupos se dirigieron a la residencia de jesuitas de la calle de la Flor, y después de derribar las puertas, penetraron en el edificio, le rociaron de gasolina y le prendieron fuego, arrojando a una hoguera que se hizo en la calle cuantos objetos hallaron a mano. (Ahora. 12/05/1931. Pág.15)

El mismo día de la proclamación de la II República, el nuevo gobierno provisional hizo público un "Estatuto Jurídico" en cuyo tercer artículo anunciaba "respetar de manera plena la conciencia individual mediante la libertad de creencias y cultos."

Todo en orden.

Después de haber sido llevado a hombros hasta el Poder por el pueblo madrileño, el comité revolucionario hacía público su primer decreto de intenciones políticas.

Sonaba políticamente correcto...

Anticlericalismo en la segunda República.

Sin Parlamento y sin Jefe del Estado, el nuevo Gobierno se atribuyó todos los poderes, inclusive la facultad de suspender los derechos ciudadanos: "someterlos a un régimen de fiscalización gubernativa", decían en el manifiesto.

Y añadían que el nuevo Gobierno: "incurriría en verdadero delito si abandonase la República naciente" y amenazaba a "quienes desde fuertes posiciones seculares y prevalidos de sus medios, pueden dificultar su consolidación..." [art. 6º]

La mención no era explícita pero quedaba claro por dónde iban los tiros.

Un Estado laico por decreto.

El Estatuto Jurídico era la base programática sobre la que el Gobierno Provisional promulgó una serie de decretos de marcado carácter anticlerical poco tiempo después de alzarse al Poder.

Normas que rescindían unilateralmente los acuerdos que habían vinculado tradicionalmente a España con el Vaticano. Lógicamente, la jerarquía eclesiástica se opuso a estas medidas y encontró para ello el apoyo de sus fieles, ciudadanos que querían que sus creencias y su fe fueran respetadas.

A pocos hubiera molestado un Estado aconfesional, pero los políticos republicanos iban más allá, eran laicistas y pretendían despojar de un plumazo la vertiente religiosa de la sociedad española.

Prohibieron de un plumazo impartir enseñanza al clero y promulgaron nuevas leyes que obligaban a derribar las tapias que separaban las tumbas católicas de las paganas.

Lo cierto es que la "Ley de secularización de cementerios" levantó más ampollas que la ley que obligaba a quitar los crucifijos de las escuelas.

¿Qué necesidad había de paganizar un campo santo?

El espíritu de la ley pretendía crear una amalgama confusa de tumbas, una absurda "igualdad" entre difuntos (como si estar enterrado el camposanto fuera un privilegio) que solo conseguió herir a los creyentes. 

Nuestros abuelos no entendían que se prohibieran los enterramientos religiosos, que se prohibieran las tradicionales misas de difuntos.

¿Qué necesidad había de prohibir la llamada a misa de las campanas?

La medida era tan absurda, que su aplicación final dependió del cerrilismo del Gobernador Civil de turno que acababa de ser nombrado a dedo en cada provincia.

La Monarquía había permitido la celebración de entierros civiles, en plena dictadura se enterró multitudinariamente a Pablo Iglesias en Madrid (1925), pero ahora se exigía autorización administrativa para poder celebrar entierros religiosos.

Vale.

Los católicos no entendían esa obsesión por acabar con las fiestas del patrón del pueblo, acabar con las romerías o las procesiones, tampoco la ley que obligaba a declarar en vida y por escrito el deseo expreso de ser enterrado como católico.

El artículo 4 de la "ley de cementerios" establecía que ningún ciudadano podía ser enterrado con rito religioso «a no ser que hubiese dispuesto lo contrario de manera expresa». Entre el 30 y el 40% de la población seguía siendo analfabeta, un negocio redondo para los notarios.

Aunque la mayoría de españoles eran indiferentes en materia religiosa, la medida causó mucho disgusto, porque estaban acostumbrados a la tradición secular de sepultar a sus muertos según la ceremonia católica.

¿Que le importaba a un analfabeto que la República permitiera el divorcio?

Un asunto de señoritos: los escasos divorcios que se celebraron en España fueron de gente guapa, llevados por abogados con escaño en las Cortes.

Mientras se promulgaban pomposas leyes "progresistas" en medio de intensos debates Parlamentos, no se tocó el Código Civil, y las mujeres seguían necesitando permiso paterno o del marido para viajar al extranjero.

A la nueva casta no le bastaba con atraer votantes por convencimiento y se empeñaron absurdamente en perseguir al creyente, al religioso.

Uno de los más graves errores de la II República fue soliviantar (sin necesidad ni motivo), el espíritu religioso de la sociedad española. El dogmatismo oficial creó un problema donde no lo había: el de la mayoría religiosa oprimida, un ejército de creyentes profundamente ofendidos.

*   *   *

La coalición republicano-socialista arrampló con el 85% de los escaños en las nuevas Cortes Constituyentes, y con la abrumadora mayoría redactaron una nueva Constitución que defraudó a buena parte de los ciudadanos por su extremismo: masas apolíticas (hoy diríamos indecisos) que habían apoyado el advenimiento de la República.

Anticlericalismo del artículo 26 de la nueva Constitución.

España ha dejado de ser católica.

El 13 de Octubre de 1931 Azaña pronunció una de las frases más petulantes jamás escuchadas en el Parlamento: "España ha dejado de ser católica".

La mera pretensión de cambiar por decreto la creencia religiosa de un pueblo es de por si un disparate, lo que no fue obstáculo para que la engreída afirmación de Azaña recibiera el aplauso enfervorecido del nuevo Parlamento. 

Dos días después, Don Manuel se aupaba a la Presidencia del Gobierno en la que constituye una de las carreras políticas más fulgurantes de la historia de España.

No merece la pena extenderse en que es imposible legislar sobre el alma de un pueblo, bastan los hechos: mientras el Parlamento discutía el famoso artículo 26, en los cementerios de Madrid recibían cristiana sepultura 7.859 cadáveres, contra 134 por lo civil [datos del segundo semestre de 1931].

Así era la sociedad española y ningún discurso político iba a cambiarla por decreto.

*   *   *

Había quedado aprobado el artículo 26 de la nueva Constitución, el marco legal en el que se iba a desenvolver la actividad de la Iglesia Católica en el futuro.

El objetivo del artículo era triturar la institución: le cerraba el grifo del presupuesto estatal, dejaba la puerta abierta a la expropiación de sus bienes y le prohibía el ejercicio de la industria, el comercio y la enseñanza. En román paladino: la condenaba a vivir de la limosna.

Los nuevos dirigentes pretendían que la Iglesia abandonara sus actividades educativas y sociales, actividades percibidas por la nueva casta como la inoculación de un tóxico mortal en la sociedad.

Tras pasar el siglo XIX ocupados en pronunciamientos y guerras civiles, a los políticos apenas les había quedado tiempo libre para dedicarse a los servicios sociales. Actividades como la educación, la sanidad y el auxilio social habían sido sistemáticamente abandonadas en manos de la Iglesia. Ahora se trataba de barrer todo eso de un plumazo.

"Veinticuatro religiosos agustinos han llegado de España a la abadía de Atchison (Kansas), a consecuencia de los disturbios de carácter religioso. Les acompañan en la foto religiosos norteamericanos, que les ofrecieron aquel refugio." (Ahora, 14/10/1931, pág.27)

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La aprobación del artículo 26 no estuvo exenta de polémica. Resulta que entre los nuevos ministros del Gobierno provisional había uno de misa diaria, y como España es el país de las paradojas, acabó convertido en Presidente de la República.

Veréis.

El mismo día que se aprobó el artículo 26, dimitió el primer Presidente de Gobierno de la historia de la II República. Se trataba de Don Niceto Alcalá-Zamora, que dimitió alegando que su condición de creyente le impedía aceptar el denigrante trato que la Constitución daba a la Iglesia Católica.

La dimisión fue aceptada y la zancadilla permitió a D. Manuel Azaña reemplazarlo con el apoyo de republicanos de izquierda y socialistas.

Azaña había pasado en solo dos años de Presidente del Ateneo a Presidente del Gobierno. Sin duda es una meteórica carrera política para el líder de un partido que solo había sacado 25 escaños.

Pero tampoco le iba a la zaga el beato Alcalá Zamora que, solo dos meses después de dimitir, no tuvo ascos en jurar la misma Constitución que tanto repugnaba a su alma cristiana.

Por ocupar la más alta institución republicana, don niceto sacrificó sus más íntimas convicciones de católico, renunció a la campaña de modificación constitucional que había anunciado, y pasó a la historia como primer presidente de la II República.

Aspecto del Balcón de la Plaza de Oriente el día de la Proclamación de Alcalá-Zamora como Presidente de la República.

El Parlamento quedó satisfecho, pero me pregunto como quedaron los padres que habían visto arder las escuelas de sus hijos durante la campaña electoral.

Padres a los que no quedó otro remedio que confiar en los modernizadores planes educativos del nuevo Gobierno, unos planes consistentes en fabricar —deprisa y corriendo— nuevas escuelas sin crucifijos en la pared.

Persecución religiosa: La ley de Congregaciones y Confesiones religiosas.

A pesar de todo, el momento de mayor confrontación entre el Gobierno y los católicos estaba por llegar, se produjo año y medio después con la aprobación de la Ley de Congregaciones y Confesiones religiosas el 17 de mayo de 1933.

Esta ley ponía en práctica el art. 26 de la Constitución y supuso la culminación de la política persecutoria anticlerical de la segunda república.

Colegio del Convento de las Maravillas de Cuatro Caminos destruido por las llamas durante la campaña electoral a Cortes Cosntituyentes. (Ahora. 13/05/1931. Pág. 11)

El Gobierno de Azaña sacó adelante la versión más sectaria de todas las propuestas que se habían presentado en el Parlamento:

• Suprimía definitivamente la dotación presupuestaria que el Estado otorgaba a la Iglesia.

• Nacionalizaba templos, monasterios y seminarios. 

• Ordenaba el cierre obligatorio de los centros de enseñanza católicos.

Las medidas suponían dejar sin colegio 400.000 niños.

Casi na.

Había que construir miles de nuevas escuelas. Una promesa electoral más que (igual que la reforma agraria) fue imposible de cumplir por falta de recursos humanos y financieros, en un clima de permanente de inestabilidad política: en todo el periodo republicano sólo se aprobaron unos presupuestos generales que tuvieron que ser prorrogados sistemáticamente.

Mira lo que apuntaba Azaña en sus diarios una semana antes de aprobarse la ley:

"Otra cosa le preocupa [se refiere al ministro de "Instrucción pública", hoy Educación]: cree imposible que se pueda sustituir en enero toda la enseñanza primaria y teme el espectáculo de las escuelas de frailes cerradas sin que los niños tengan adónde ir" (Diarios. 11/05/1933)

En un clima de creciente crisis económica y violencia social y con las cifras de paro disparadas, el pueblo sólo quería que se solucionaran sus problemas, mientras sus señorías preferían sostener acalorados debates para sacar adelante una ley de "secularización de cementerios".

*   *   *

La ley incumplía la propia Constitución, que en su artículo 2º garantizaba la igualdad de todos los españoles ante la ley, pero el hecho es que se estaban recortando derechos a los ciudadanos católicos por sus merar creencias religiosas.

Pocos estaban en contra de quitar a los curas el privilegio de dar clase por el mero hecho de llevar sotana, era lógico que se les exigiera el mismo título habilitante que a los maestros, pero.. ¿por qué había que echar a la calle a los capellanes de hospitales y penitenciarías? ¿Acaso no eran tan funcionarios como el que más?

Puro sectarismo o ¿se trataba de crear redes clientelares enchufando nuevos funcionarios en las plazas vacantes?.

Los nuevos gobernantes persiguieron la religión y lo único que consiguieron fue que una mayoría de no practicantes volvieran a llenar los templos. En España, de siempre, los ideales se han reforzado con la persecución. Cuando Azaña quiso darse cuenta, ya era demasiado tarde.

El despeñadero hacia la guerra civil.

El vuelco electoral de 1933

El propio Azaña reconoció que el asunto religioso había sido el principal causante de su debacle electoral en las elecciones de Noviembre del 33.

"El alcalde accidental socialista de Campo de Criptana notificó esta mañana la imposición de un centenar de multas de 5 pesetas por dar vivas a la Virgen Patrona del pueblo durante una procesión. Los multados están dispuestos a no pagar y sufrir el arresto supletorio en la cárcel." (El Siglo Futuro, 20/04/1932. Pág.2)

La coalición de derechas que venció en las urnas traía la promesa electoral de rectificar la política laica del gobierno anterior. Sin embargo, Don Niceto Alcalá Zamora prefirió entregar el poder al partido radical de Alejandro Lerroux.

Gil Robles era el portavoz de la coalición de partidos monárquicos y de derechas que habían ganado ampliamente las elecciones, en vez de forzar unas nuevas elecciones, eligió colaborar con el Gobierno.

La "táctica" de pasteleo Gilroblista, en la que el partido más votado era oposición y a la vez apoyo de un Gobierno minoritario, acabó defraudando a sus propios votantes.

Con todo, el cambalache ministerial de Lerroux y Gil Robles aguantó dos años muy complejos en los que se sucedieron 14 crisis de gobierno, a las que hay que sumar un intento de golpe de Estado, una proclamación de independencia en Cataluña y 1.200 muertos en Asturias, incluida la destrucción del casco histórico de Oviedo.

La inestabilidad política impidió modificar la legislación anticlerical que además hubiera necesitado una previa reforma Constitucional.

Aspecto del centro de Oviedo después de la "Revolución" de Asturias.

Los mismos historiadores que llaman "bienio progresista" a la obra de Azaña, no dudan en calificar como "bienio negro" la labor del gobierno salido de las elecciones del 33.

Una coalición de gobierno que se conformó con no hacer efectiva la legislación anticlerical vigente, mientras se peleaban por acaparar carteras ministeriales y se dedicaban a indultar a los principales cabecillas del golpe de Estado.

Después de varios intentos, el chiringuito de Gil Robles y Lerroux acabó torpedeado por el propio Presidente de la República cuando este filtró a la prensa unos documentos que implicaban al Gobierno en el conocido como escándalo del Estraperlo.

Incendio de la iglesia de los vascos en la calle Principe 31 de Madrid, los bomberos tratan de recuperar la imagen de San Ignacio de Loyola (13/03/1936)

Alcalá Zamora pretendía formar un nuevo partido de centro para ganar las elecciones. La jugada salió mal y acabó costándole la propia presidencia de la República.

Esta vez, los monárquicos no se fiaron de Gil Robles que les había traicionado a cambio de unas carteras ministeriales. No se habían cumplido las promesas electorales prometidas y en 1936 faltó la unión necesaria para repetir la coalición de 1933.

En cambio si lo hicieron las izquierdas y como la ley electoral favorecía las coaliciones, se repitió el desfase entre el reparto de escaños y el número de votos, característico de todas las citas electorales de la II República

El gobernador de Segovia multa a un párroco por "celebrar un entierro religioso sin su autorización." (La Nación - 26/02/932, pág 6)

Epílogo: El Frente Popular.

La victoria del Frente Popular significó el triste epílogo del anticlericalismo de la segunda República.

Las primeras actuaciones del nuevo gobierno derogaron las tímidas leyes que se habían promulgado para mitigar el anticlericalismo. La demonización de la Iglesia, la destrucción de iglesias y el cierre de las escuelas católicas volvió al orden del día.

En el 36 la discordia estaba ya sembrada y era irreversible. El pueblo estaba inmerso en una guerra civil espiritual entre los que pretendían salir en procesión y los que trataban de impedirlo.

*   *   *

En vez de actuar sin rencores, en vez de buscar la mutua tolerancia, los políticos se dedicaron a sembrar cizaña y sacar a la luz antiguas rencillas en una España que tenía mucha sarna que rascar.

Adoptaron la táctica de dividir a los españoles: vencedores republicanos y vencidos monárquicos, creyentes contra laicos, izquierdas contra derechas, terratenientes contra jornaleros. Política funesta que dejó el campo abonado para lo que vendría después.

Las iglesias continuaron ardiendo y acabó muriendo mucha gente.