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Indultos y represión por la revolución de Asturias

Largo Caballero negó toda participación en la rebelión. El Tribunal Supremo lo absolvió por falta de pruebas.

El año 1934 terminó mal en España.

La economía no se recuperó del colapso que causó la tentativa insurreccional y separatista de Octubre, popularmente conocida como Revolución de Asturias.

El capital se mantenía escondido y las decisiones de inversión paralizadas con el paro registrando cifras récord.

El Parlamento no pudo articular los presupuestos. Se vivía de las prórrogas del anterior.

Hubo que aprobar créditos de urgencia para reconstruir las carreteras, vías férreas, fábricas y edificios públicos destruidos en la rebelión.

Mil trescientos muertos teñían de luto los hogares, tres mil y pico heridos se lamían las heridas y 8 mil detenidos abarrotaban las cárceles a la espera de juicio.

Represión por la revolución de Asturias.

A principios de 1935 quedaban por celebrar (solo en Asturias), mil y pico consejos de guerra.

El Gobierno de la Generalidad (al completo) estaba encarcelado a la espera de juicio por rebelión, y seguían apareciendo depósitos clandestinos de armas en los montes asturianos.

El 4-O empujó al régimen republicano al borde de la quiebra.

Intereses partidistas.

Sin embargo, la clase política siguió a lo suyo.

En 1935 se sucedieron —nada más y nada menos— que seis gobiernos, a los que hay que sumar tres "reorganizaciones ministeriales" (como se decía en la época).

Parte de las crisis fueron provocadas por problemas de “reparto y proporcionalidad de carteras” que obedecían más al apetito de Poder que al interés por gobernar.

La otra parte fueron provocadas por el anhelo secreto de Alcalá Zamora de favorecer su propio proyecto político.

—De los partidos que formaban la coalición de Gobierno, el más importante era la C.E.D.A. El partido con más escaños y sin ellos no se podía gobernar.

Se habían integrado en la legalidad republicana, pero buena parte de sus simpatizantes desconfiaban del experimento de coalición con los radicales, y amenazaban con desertar a los partidos monárquicos.

—Otro tanto le pasaba al partido Radical. Aunque coincidían con las derechas en su decidido antimarxismo; sin embargo, eran de tradición masónica y anticlerical. Mantenían, por tanto, enormes diferencias doctrinales con la C.E.D.A. y a menudo se hacían patentes en el Parlamento.

Lerroux y Gil Robles hacían filigranas para mantener a flote la coalición, tenían que satisfacer las ansias de poder de las distintas camarillas para evitar nuevas sangrías en sus partidos. Tras la escisión de Martínez Barrio a principios de 1934, los radicales habían perdido 25 diputados.

—Los Agrarios de Martinez de Velasco y los Liberal-demócratas de Melquiades Álvarez tenían grupos parlamentarios menores, apenas contaban, pero exigían su parte del botín a cambio de apoyar al Gobierno.

—Los monárquicos de Renovación Española y los tradicionalistas representabn la oposición de derechas. Se habían presentado en coalición con la CEDA a las elecciones de 1933, pero se sintieron traicionados cuando Gil Robles se hizo republicano a cambio de un plato de carteras ministeriales. Ahora apoyaban cualquier iniciativa que desgastara al Gobierno.

—Los partidos burgueses de izquierda, también en la oposición, no condenaron el golpe. Al contrario, personajes como Azaña, el tránsfuga Martínez Barrio y Sánchez Román lo justificaban con el argumento de que el republicanismo de la CEDA no era sincero.

Coincidiendo con la intentona golpista de 1934 facilitaron unas notas de prensa (sospechosamente parecidas) en las que decían romper “toda solidaridad con el Régimen" por haber sido “entregado a sus enemigos" y se autoproclamaban los “verdaderos depositarios de las esencias republicanas”.

Se pasaron 1935 denunciando la represión de “los verdugos de Octubre” contra los “héroes del pueblo” que habían dado "la sangre y la vida en defensa de la libertad", mientras, se dedicaban a negociar entre ellos un acuerdo que les permitiera disfrutar en el futuro las ventajas que la ley electoral daba a las coaliciones.

—Tras el golpe de Estado del 4-O los socialistas quedaron divididos entre los que (como Indalecio Prieto) lo consideraban una magnífica gesta revolucionaria que no convenía repetir, y los que (como Largo Caballero) seguían con el cerebro en modo avión con la lucha de clases.

Los "caballeristas" consideraban lo sucedido un simple alto en el glorioso camino hacia la dictadura del proletariado.

Largo Caballero negó su autoría y cargó la responsabilidad del movimiento en los obreros.

Con Indalecio Prieto huido en Francia y Largo Caballero en prisión a la espera de juicio, el grupo parlamentario socialista se autoexcluyó del Parlamento. No volvieron a pisarlo hasta las elecciones de 1936.

—Las intervenciones de Falangistas y Comunistas eran sonadas pero, con un diputado cada uno, su fuerza parlamentaria era muy escasa.

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El Gobierno de la Generalitat había sido suspendido en aplicación del artículo 55 de la Ley de Orden Público, una ley que había promulgado Azaña en previsión de nuevas sanjurjadas.

Se nombró un gobierno en funciones transitorio (mientras se calmaban los ánimos) que habría de desembocar en unas nuevas elecciones catalanas que normalizaran la situación.

Mientras que monárquicos y falangistas pedían abolir definitivamente de la autonomía, los partidos gubernamentales aprovecharon el control transitorio sobre las instituciones catalanas para intentar expandirse en la región.

—Los autonomistas de la Lliga Catalana se mosquearon ante esta "intromisión intolerable" en su tradicional feudo de votos y (aunque habían ido en coalición con las derechas en las elecciones) se pusieron en contra de los que —en palabras de Cambó— “venían a organizar políticamente a los catalanes, aprovechándose de nuestra desgracia actual”.

Directivos de la C.E.D.A. en Barcelona

—Los separatistas de E.R.C. pasaban por horas bajas después de haberse comprobado que ni arrastraban a las masas, ni habían sido capaces de llevar a cabo su sueño independentista.

En 1935 enfocaron su propaganda a elevar al altar del independentismo al encarcelado Companys, a costa de poner a parir a Dencás, a la sazón escapado en Francia. El Braveheart catalán (que había hecho el ridículo durante la intentona separatista) se convirtió en el chivo expiatorio de las huestes independentistas.

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En Asturias no aparecían las armas que los mineros se habían comprometido a devolver durante las negociaciones de rendición, y la Guardia Civil tenía que hacer batidas en los montes para detener a los que permanecían emboscados o huidos.

El Jefe del Gobierno reconoce ante a la prensa que los mineros seguían en rebeldía (La Voz, 21/10/1934)

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Para terminar de joder la marrana, el Presidente de la República seguía a lo suyo, moviendo en la sombra los hilos de las crisis ministeriales.

Don Niceto no se cortaba un pelo abusando del poder moderador que le atribuía la Constitución y siguió mangoneando en los gobiernos y creando división entre los partidos, tal y como había venido haciendo con Azaña y los socialistas en 1933 y radicales y cedistas en 1934.

Un panorama.

El caso es que la inestabilidad impidió cualquier labor política continuada. Con la formación de un nuevo Gobierno cada dos meses, puede decirse sin temor a equivocarnos que 1935 fue un año perdido. No se consiguió salir del embrollo de la liquidación de los sucesos de octubre para fijar su atención en asuntos de interés nacional.

Sus señorías preferían enredarse en torneos oratorios, cuestiones de confianza y comisiones de investigación, que hacían sonar el cencerro electoral pero no resolvían prácticamente nada.

Represión por la revolución de Asturias.

Declarado el Estado de Guerra, los encargados de juzgar eran los tribunales militares formados en “consejo de guerra”.

El Código Penal no ofrecía dudas. Los encausados eran golpistas que habían sido pillados haciendo fuego contra el ejército, el asunto estaba claro: condena a muerte por rebelión.

El Gobierno empezó diciendo que dejaría actuar a la justicia.

Ya sabes: el típico político español asegurando respetar las decisiones judiciales, y bla, bla, bla... Sin embargo, los ministros no tardaron en recabar los sumarios instruidos por los Tribunales militares para pasar sus fallos por la criba de la conveniencia política.

Lerroux y Gil Robles (supuestamente) estaban a favor de hacer caer el peso de la ley sobre los cabecillas de la revolución, al menos es lo que dicen en sus memorias.

Ambos responsabilizan al Presidente de la República de empeñarse en sacar adelante los indultos, hasta el punto de vulnerar el artículo 102 de la Constitución.

No obstante, creo que hay que coger con pinzas estos testimonios escritos a posteriori. Después de todo, nadie escribe unas memorias para quedar como un capullo ante la posteridad.

Es posible que estuvieran en contra de los indultos, pero lo cierto es que se tragaron el sapo y permitieron que el Presidente se saliera con la suya, mientras, ellos siguieron disfrutando de sus poltronas.

Dice Gil Robles: “tranquila mi conciencia, pero profundamente contristado mi espíritu, resolví no provocar la crisis”. En román paladino: se la envainó, y mandó votar a los suyos a favor de los primeros indultos.

Ya he contado en el capítulo dedicado a su carrera política que el jesuíta era muy de taparse la nariz para no tener que escuchar el corazón...

*   *   *

Todavía andaban a tiros en Asturias, cuando llegó al Gobierno la solicitud de indulto para los militares catalanes Enrique Pérez Ferras y Francisco Escofet. La solicitud vino envuelta en una fuerte campaña izquierdista pidiendo clemencia.

Los indultos eran muy polémicos porque iban en contra del dictamen del Tribunal Supremo. Todos los alzamientos habidos hasta esa fecha (y los hay de todos los colores), al menos habían tenido el propósito de una España mejor, por primera vez en la historia unos militares se habían alzado para destruirla.

Si la revolución Asturiana produjo horror por el grado de violencia, el intento secesionista catalán solo causó indignación en la opinión pública.

El indulto tenía trascendencia política: de la indulgencia con los militares catalanes dependería el destino del resto de golpistas.

Pérez Ferras y Escofet habían sido condenados a muerte por hacer fuego desde la Generalitat contra sus compañeros de armas causando muertos y heridos.

No obstante, antes que “dejar correr sangre catalana”, el Presidente de la República presionó para que les conmutaran la pena de muerte por la cadena perpetua.

Don Niceto no quería crear nuevos mártires que la leyenda convirtiera después en mitos. Había el precedente del fusilamiento de Galán y Hernández en 1930 (convertidos en mártires de la República) y había sido el mismo argumento esgrimido para indultar a Sanjurjo en 1932.

Una vez que los militares salvaron el pellejo, la vía del “impunismo” (el término se puso de moda) quedó despejada para los dirigentes civiles de la rebelión.

La amnistía posterior ya solo sería cuestión de tiempo. En España nunca se han cumplido las condenas por delitos políticos,

Alfonso XIII había amnistiado a Largo Caballero, Anguiano, Saborit y Besteiro tras la revolución de 1917 y la República no iba a ser menos.

En abril de ese mismo año se había aprobado una aministía que benefició a ocho mil y pico comunistas, anarquistas y derechistas encarcelados por cuestiones políticas durante el bienio de Azaña.

Es lo que hay.

Indultos para los dirigentes, rigor para los pelagatos.

Una vez más se cumplió el viejo refrán español: "A alzamiento de generales, sargento fusilado."

La generosidad gubernamental alcanzó a los dirigentes de la rebelión, sin embargo, permitieron que se fusilara a tres pobres diablos:

  1. Un desgraciado que había arrojado una bomba a una camioneta cargada de guardias civiles en León, matando varios ocupantes.
  2. El “Pichilatu” (el nombre ya lo dice todo), un fulano de pocas luces que aprovechó la confusión para perpetrar un vulgar atraco en el que murió un policía.
  3. El sargento Vázquez (un romántico): originario de Ceuta, nada más desembarcar con los Regulares en Gijón, corrió a ponerse del lado de los revolucionarios.

El sargento Vazquez saliendo del juzgado, fue fusilado acusado de desertor.

El Gobierno mandó a tres peones al paredón y permitió que los dirigentes se fueran de rositas.

Fue un grave error. Al hacer excepciones y permitir el fusilamiento de aquellos tres desgraciados, el Gobierno asumió las funciones de la Justicia y cargó ante la opinión pública con la responsabilidad de todos los fallos.

El rigor con los don nadie y la indulgencia con los dirigentes desprestigió al Gobierno y tampoco sirvió para pacificar los ánimos.

En honor a la verdad, tampoco está claro que una aplicación rigurosa de la ley hubiera dado mejores resultados.

El hecho es que todos los detenidos fueron amnistiados en 1936, antes de que terminara el recuento electoral que dio el triunfo al Frente Popular. Ninguno pasó más de dieciséis meses en prisión.

La campaña de prensa internacional.

El 2 de enero de 1935 un grupo de mujeres increpaba en la estación de Oviedo a Fernando de los Ríos y Juan Negrín.

Eran madres, esposas e hijas de mineros que sorprendieron a los diputados socialistas embarcando en primera clase con destino a Madrid, mientras ellas venían de llevar comida y mantas a sus seres queridos en prisión.

La Gaceta de Tenerife (3/1/1935)

Negrín y De los Rios habían pasado dos días en Oviedo hablando con sus compañeros detenidos.

Pocos días después, el periódico Le Populaire de París (dirigido por el socialista Léon Blum) publicaba unas declaraciones de Fernando de los Ríos en las que acusaba al Gobierno y a la Guardia Civil de excesos en la represión, torturas inquisitoriales y asesinatos masivos.

Lo normal es que el exministro hubiera puesto una denuncia en el juzgado, o hubiera usado su escaño para denunciar al Gobierno en el Congreso.

Pero no.

De los Ríos negó a la prensa española ser el autor de las declaraciones que le atribuía Le Populaire. Dijo que "las cuestiones enojosas de un país, no deben orearse en otro" y se excusó alegando que se había filtrado un informe interno del partido.

No obstante aseguró que respondía de la veracidad de los hechos denunciados y se mostró dispuesto a mantenerlo ante los tribunales, excepto "en cuanto se refiere a nombres, por haber advertido en la información algunos errores". (Ahora, 17/01/1935, pág. 4)

Vale.

Otro hecho añadió combustible a la campaña: la muerte del periodista Luis Sirval (afiliado al P.S.O.E.) cuando se encontraba detenido por orden del juez militar de Oviedo.

El periodista fue asesinado en prisión a manos de un teniente de la Legión (Dimitri Ivanoff) en turbias circunstancias. Desde que se conoció el suceso, el Sirval se convirtió en el icono de la represión.

La Internacional Socialista y la Liga de Derechos del Hombre francesa se pusieron las botas denunciando “los crímenes de la represión del fascismo español”, y las calles de París se llenaron de carteles con eslóganes como: “España en sangre”, “Cinco mil trabajadores muertos, heridos y torturados” o “Centenares de antifascistas obligados a refugiarse fuera de España”.

Renacía la Leyenda Negra en Europa.

Cartel del ilustrador comunista Helios Gómez, editado para la ocasión por el Socorro Rojo Internacional.

Lerroux recordó a los periodistas que se había dado a conocer denunciando las torturas en Montjuic tras la Semana Trágica de Barcelona. Aseguró que era el primer interesado en esclarecer los hechos, y encargó al Fiscal General de la República que investigara los casos de abuso policial.

Pero el hecho es que el Gobierno fue incapaz de contrarrestar la propaganda marxista por estar enredados en crisis ministeriales como la que voy a explicar a continuación.

La crisis de abril de 1935 es una de las más absurdas de todo el periodo republicano y es un buen exponente de la inoperancia del Gobierno radical-cedista. Es la crisis anterior al escándalo del Straperlo, la puntilla que desemboca en las elecciones de Febrero del 36.

Veréis

El indulto del sindicalista González Peña.

El Gobierno se reunió el 28 de marzo para estudiar las condenas a muerte de los dos máximos dirigentes de la revolución en Asturias: el sindicalista Gonzalez Peña y el diputado Teodomiro Menéndez.

Los socialistas no habían acudido al Presidente para interceder por los tres pelanas fusilados, sin embargo, esta vez perdieron el culo corriendo a Palacio a solicitar clemencia para sus compinches.

Se daba la circunstancia que Teodomiro Menéndez pilló una fuerte depresión a raíz de los sucesos y había intentado suicidarse tirándose al vacío desde una galería de la prisión. Tuvo que asistir al juicio en camilla.

Teodomiro Menéndez se exculpó ante el Juez eludiendo toda responsabilidad en el movimiento. Escurrió el bulto con el típico argumento "yo solo pasaba por allí", haciendo énfasis en sus gestiones personales para evitar fusilamientos de prisioneros.

Su declaración responsabilizaba indirectamente a su compañero Gonzalez Peña, pues le convertía en el único cabecilla de los rebeldes asturianos. El interrogatorio de Menéndez hizo de contrapunto a la declaración posterior —bastante más gallarda—  de González Peña ante el Jurado militar de Oviedo.

La C.E.D.A. acusaba la presión de sus votantes contra el "impunismo" y esta vez Gil Robles ordenó a sus tres ministros votar en contra del indulto.

La postura era compartida por los otros dos partidos de la coalición: los agrarios comandados por Martínez de Velasco y los liberal-demócratas de Melquiades Álvarez. En cambio, los radicales se mostraban indulgentes con los dirigentes socialistas.

Los ministros dimitieron después de votar en contra del indulto. (Ahora. 30/03/1935)

No había, pues, acuerdo dentro del Gobierno y la crisis era total. Parecía no tener solución.

El Presidente de la República dio una nota a la prensa aconsejando rehacer el Gobierno “ampliándose a todos los partidos posibles” en aras de la concordia republicana. Sin embargo, don Niceto sabía que pedía un imposible, ya que la coalición que acababa de romperse era la única que permitía la aritmética parlamentaria.

La República quedó sin Gobierno y la responsabilidad de la solución recaía sobre Gil-Robles, sin cuyo partido no podía formarse un Gobierno estable.

Una vez más, los principales líderes políticos desfilaron por el Palacio Presidencial (el Presidente de la República tenía la prerrogativa de elegir a la persona encargada de formar Gobierno) para tratar de alcanzar una solución.

Entonces ocurrió un hecho que va a pareceros chocante.

Fijaros.

Don Niceto encargó formar Gobierno al líder de los agrarios, uno de los que había originado la crisis oponiéndose a los indultos.

Lógicamente, Martínez de Velasco (25 escaños) no consiguió los apoyos necesarios para formar Gobierno y tuvo que declinar el honor del encargo, que volvió a recaer en Lerroux.

La maniobra presidencial dejaba a Gil Robles con el culo al aire. Esta vez el desaire era manifiesto, por primera vez se hizo evidente ante la opinión pública el desprecio de Alcalá-Zamora al líder de la C.E.D.A.

La excusa hasta entonces para no dar el Poder a Gil Robles era que no había prestado promesa de fidelidad a la Constitución. Se había declarado republicano después de las elecciones de 1933, pero las había ganado presentándose como monárquico ante el electorado.

Sin embargo, dicho argumento había quedado invalidado porque Martínez de Velasco también se había presentado ante las urnas como monárquico, y el líder de los agrarios (con 25 escaños) había sido honrado con el encargo de formar Gobierno y Gil Robles (con 116) no.

Ca-ga-te-lo-ri-to.

Don Niceto practicaba este tipo de maniobras para crear división y debilitar a las formaciones políticas que en el futuro pudieran hacer sombra a su proyecto político personal.

La C.E.D.A. había apoyado todos los Gobiernos habidos desde las últimas elecciones, y Gil Robles no se había aprovechado de los sucesos de octubre para tomar dictatorialmente el Poder. Había colaborado activamente para salvar la República, en vez de hacerse el p*to amo del gallinero tras el desconcierto que provocó la rebelión socialista, que es lo que hubiera hecho un auténtico fascista.

El feo que se le hacía era público y notorio.

Los monárquicos aprovecharon la coyuntura para atacar a Gil Robles. Denunciaban que su política de acercamiento a la República había sido un fracaso, y le acusaban (no sin un punto de razón) de haber perdido más de un año intentando establecer puentes con los republicanos mientras desgastaba a su propio partido.

Las izquierdas asistían divertidas al espectáculo.

La crisis se resolvió en falso con Lerroux formando un nuevo Gobierno que excluía totalmente a los agrarios y la C.E.D.A. Un Gobierno zombie en el que 8 ministros ni siquiera tenían escaño.

Gil Robles acusó el golpe.

Montó en cólera y ordenó a los órganos del partido que se prepararan para una campaña electoral, pues ya no quedaba otro remedio que ir a nuevas elecciones. Haría caer al Gobierno en la primera votación parlamentaria.

Lerroux se acogió al reglamento y obtuvo autorización de Alcalá Zamora para suspender las Cortes durante un mes. Era el máximo plazo legal que podía pasar sin presentarse ante el Parlamento y era lo que iba a durar el nuevo Gobierno.

Fijaros, el Presidente de la República prefirió hacer un Gobierno interino, que solo tenía la vida asegurada para un mes, antes que dar el Poder al partido con más escaños del Parlamento.

Normalidad democrática premium.

Pues no te lo pierdas: aunque todo el mundo sabía que el nuevo Gobierno solo iba a durar un mes, los nuevos ministros anunciaron a bombo y platillo un programa de acciones urgentes para resolver los problemas de España.

Chúpate esa.

Y no terminó aquí la bufonada: poco tardó en enfriarse la actitud aguerrida de la C.E.D.A.

Verás

Desde las altas esferas del partido empezaron a anunciar que, con “mutuas concesiones”, aún era posible restablecer los lazos rotos con la crisis.

Mientras el paro alcanzaba cifras récord, sus señorías dedicaron todo el mes de abril a reuniones y compadreos para repartirse el Poder. Lerroux incluso tuvo tiempo para tomarse unos rebujitos en la Feria de Sevilla.

La prensa informaba de las reuniones de "los cuatro” con cierto recochineo, como si se tratara de encuentros de alta política internacional.

Después de perder un mes repartiéndose el poder, Lerroux, Gil Robles, Martínez de Velasco y Melquiades Álvarez anunciaron que —una vez más— se sacrificaban por España y habían llegado a un acuerdo.

Vale.

Volvían a estar juntos en el Gobierno los mismos que un mes antes habían provocado la crisis, y Gil Robles se olvidó del corte de mangas de su Excelencia.

Pelillos a la mar.

Los dos dirigentes socialistas fueron finalmente indultados, y la participación de la C.E.D.A. en el Gobierno subía de 3 a 5 ministros (lo cortés no quita lo valiente).

Gil-Robles entraba por primera vez en el ejecutivo, lo hacía como Ministro del Ejército y los ministros cesantes (se habían pasado un mes tocándose el cimbel) pasaron a cobrar pensión vitalicia a cargo de los contribuyentes.

Bien.

Gil Robles se lo vendió a sus seguidores como un nuevo paso en el camino hacia el Poder, mientras la izquierda ponía el grito en el cielo por la invasión «fascista» del ejecutivo.

Todo en orden.

*   *   *

Sin embargo, la cartera de Guerra iba a desgastar a Gil-Robles y un futuro ascenso a la jefatura del Gobierno era más que improbable dada la actitud de Alcalá-Zamora.

Así fue.

Cinco meses después, don Niceto lanzó un nuevo misil al Gobierno de coalición: el escándalo del Straperlo que se llevó por delante al partido radical y dejó a la C.E.D.A sin partido republicano en que apoyarse.

Pero esa es la historia la siguiente crisis de gobierno y se sale del objetivo de este artículo.

Mejor lo dejo para el siguiente.

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