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| Comisión parlamentaria que investigó el caso Nombela |
«Obtenía dinero por procedimientos condenables, pero lo donaba a manos llenas. Tenía establecidas pensiones para viudas de camaradas de lucha y para antiguos republicanos sin recursos, y ningún necesitado llegaba hasta él sin ser socorrido»
El 26 de julio de 1935, el diputado independiente Dionisio Lopez presentaba una proposición en el Parlamento. Venía firmada por toda la oposición.
Dionisio Cano López pedía aclaraciones sobre “ciertas acusaciones de inmoralidad que se atribuyen a determinadas personalidades afectas a la Presidencia del Consejo de Ministros.”
El diputado se preguntaba por qué habían sido cesados el Inspector de colonias, Antonio Nombela y su secretario José Antonio Castro, después de un Consejo de Ministros en el que habían denegado un pago de tres millones de pesetas a favor de la naviera “Sociedad África Occidental” .
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| Antonio Nombela Tomarich, el funcionario que destapó el escándalo. |
La movida venía de lejos.
La dictadura de Primo de Rivera había rescindido unilateralmente un contrato de transporte a la naviera en el golfo de Guinea. Desde entonces, la compañía pleiteaba con el Estado.
Al diputado le extrañaba que el Presidente de la República hubiera felicitado al Gobierno y, sin embargo, hubieran cesado “fulminantemente” a los dos funcionarios cuya gestión había evitado el pago improcedente.
Alejandro Lerroux había anunciado su asistencia al debate, pero una indisposión (tan repentina como oportuna) le impidió acudir a la sesión.
Gil-Robles, hombre fuerte de la coalición de Gobierno y Ministro de Guerra, se ofreció a contestar al diputado. Como Catedrático de Derecho Administrativo era el más indicado en ausencia de Lerroux.
Contrariamente a lo que uno pueda suponer, la reclamación estaba bien fundada. El Supremo había fallado a favor del empresario en dos ocasiones, pero habían pasado 6 años y la sentencia seguía sin ejecutarse.
El naviero (Sr. Tayá) había vivido tiempos gloriosos. La I Guerra Mundial disparó el precio de los fletes y las navieras se forraron al amparo de la neutralidad española. Sin embargo, los buenos tiempos habían pasado y el empresario estaba arruinado.
Antonio Tayá acusaba a las autoridades coloniales de haber amarrado sus barcos y retenido las subvenciones (el servicio era deficitario) para arruinarlo y favorecer a un competidor.
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| Puerto de Sta Isabel en Fernando Poo |
El pleito se hacía eterno por discrepancias en el cálculo de la indemnización:
Si había derecho a las subvenciones no percibidas, la pérdida de ingresos por paralización del servicio, el mantenimiento de los barcos mientras habían estado parados, incluso la indemnización de dos naves que un tifón echó a pique mientras estaban fondeadas.
Gil-Robles describió ante la cámara un farragoso proceso contencioso administrativo, con el expediente saltando de despacho en despacho y el litigante volviendo una y otra vez a la casilla de salida. Como una partida de la oca con los dados trucados.
Además de los Tribunales, metían baza:
El Gobernador de la colonia, la Dirección General de Colonias dependiente de Presidencia del Gobierno...
(tras la pérdida de Cuba se suprimió el Ministerio de Ultramar y ahora se llevaba directamente desde la secretaría de Presidencia),
...el Consejo de Ministros, el Consejo de Estado, el Ministerio de Hacienda y hasta el mismísimo Parlamento.
Un lío.
También había divergencias sobre qué organismo debía pagar el pato. El asunto no era baladí porque las Colonias gozaban de una "anomalía" legislativa.
Te cuento.
Los superavits de todas las Administraciones del Estado debían reintegrarse al Ministerio de Hacienda; sin embargo, las colonias lo ingresaban directamente en el conocido como "Tesoro Colonial".
¿Y?
Si el dinero salía del Tesoro Colonial, cobrabas con un cheque sin más formalidades. En cambio, si la pasta salía de Hacienda, había que esperar a que el Parlamento aprobara un crédito extraordinario... te morías antes de cobrar.
Curiosamente, los presupuestos de Guinea habían tenido superávits los últimos años y había un pesetal en el “Tesoro colonial”. De ahí que el escándalo también fuera conocido como el "atraco al Tesoro Colonial".
Otro lío.
Aunque decía hablabar de memoria, Gil-Robles se preocupó muy mucho de hacer hincapié en que el Gobierno no había tenido que cancelar ningún pago, puesto que dicho pago no había llegado a aprobarse.
Aseguró que habían tratado el asunto en el Consejo de Ministros del 11 de julio, pero “de forma superficial, sin que se llegara adoptar ningún acuerdo en firme”.
Según él, solo existía un acuerdo denegando el pago a la naviera. Fue adoptado el día 16, una vez que estudiaron con más detalle el expediente. Precisamente, el que fue objeto de felicitación por Alcalá-Zamora.
Confirmó que habían encontrado “anomalías” y se ofreció a dar cuenta a la Cámara cuando acabara una investigación en curso para depurar responsabilidades.
Más lío.
Prometió que “si no resultaban cargos contra dichos señores, tendría mucho gusto en reponer a estos funcionarios en sus respectivos cargos”.
Vale.
Había despegado el Caso Nombela. Un misil que explotó en noviembre ¿casualmente? un mes después de que estallara el Escándalo del Estraperlo.
La denuncia de Nombela
El 28 de noviembre, Antonio Nombela pedía amparo a las Cortes para “hacer resplandecer su conducta” y “limpiar su honor”.
Presentó una denuncia que destapaba una serie de irregularidades administrativas cometidas por la Dirección General de Colonias.
El Sr. Nombela era un capitán de aviación condecorado con la Laureada de San Fernando por méritos de guerra. Había sido nombrado Inspector General de Colonias en 1933.
Para que te hagas una idea: la Inspección de Colonias coordinaba las políticas de la metrópoli con sus colonias.
El funcionario empezaba acusando a Gil-Robles de haber enterrado la investigación prometida en julio.
Al poco de tomar posesión del cargo, Nombela había llegado a "la triste convicción de que, a la incompetencia y al absoluto desinterés por la obra colonizadora”, se unía el afán del subsecretario de Presidencia para “dificultar toda labor que no respondiera exclusivamente a determinados propósitos”.
El subsecretario era un cargo de libre designación. Lerroux había nombrado a Antonio Moreno Calvo, a la sazón, hombre fuerte del partido Radical en Sevilla.
Hay cosas que no cambian. Tu ya sabes.
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| Sr. Moreno Calvo Subsecretario de Presidencia saliendo de declarar ante la Comisión de investigación.(Ahora, 3/12/1935) |
Moreno Calvo exigía a sus subordinados “salvar las dificultades por grandes que fueren” para que la naviera cobrara lo antes posible.
¿Motivo?
El Subsecretario mantenía que el sr. Tayá “había sacado de difíciles apuros a don Alejandro Lerroux, y este, reconocido, le había prometido corresponder cuando cambiaran las circunstancias”.
La denuncia de Nombela vuelve a describir el viacrucis burocrático. Esta vez acompañado de una ristra de irregularidades procesales: empezando por la desaparición de documentos, pasando por la ausencia de fechas y firmas, hasta la manipulación de registros.
El subsecretario empleando todo tipo de artimañas para agilizar el cobro, y el abnegado funcionario empeñado en impedirlo. Como el gato y el ratón en Tom y Jerry.
El funcionario atestiguaba que Gil-Robles le había hecho saber (por mediación de otro diputado) que comprendía la farsa, pero “sería provocar una crisis, que de ninguna manera interesa al país, y que, como mal menor, era preferible transigir con el hecho, aun lamentándolo profundamente."
No se como lo ves tu, pero por muy honorable que fuera Nombela, me cuesta creer que el político se mostrara tan imprudente ante un caso de corrupción.
Lo cierto es que el funcionario no dejaba títere con cabeza: además del empresario, el subsecretario, y el Consejo de Ministros, también enmierdaba a jueces y abogados del Estado que habían intervenido en el asunto.
Todo en orden.
El Parlamento investiga el asunto Nombela
Nombela presentó la denuncia en el Parlamento el 28 de noviembre, lo hizo al mismo tiempo que a la prensa.
Al día siguiente, sus señorías paralizaron la aburrida discusión presupuestaria para crear una comisión de investigación. Como ya ocurriera en el caso Estraperlo, el Parlamento hacía funciones de Tribunal para hacer sonar el cencerro electoral.
El interés de la oposición es obvio, pero también se sumaba el afán de los socios del Gobierno por demostrar su “acrisolado comportamiento” (como se decía en la época). Convenía desmarcarse del partido Radical y su apestado Presidente, que ya venían muy tocados después del Estraperlo.
Una comisión de 21 diputados recabó la documentación existente y llamó a declarar a los principales implicados.
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| Nombela saliendo de comparecer ante la comisión depuradora (Ahora, 1-12-1935) |
Cada uno tendrá su opinión, a mi me resulta raro que el empresario no fuera citado a declarar. En carta dirigida a la prensa, su abogado lamentaba que sus señorías no quisieran escucharles:
"Bien está que la Cámara, celosa de la pulcritud administrativa y los derechos de un funcionario (..) le preste la atención debida.
Pero, ¿es menos grave que se injurie a una sociedad y a su representante legal, que se arruine a una sociedad con una reiterada e inicua persecución, y que no se dé cumplimiento a dos sentencias del Tribunal Supremo?
¿Es tolerable que se haga carambola a nuestra cuenta?
(..) Si no se nos oye…. los políticos sabrán por qué".
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La comisión acabó sus trabajos el jueves 5 de diciembre. El Parlamento se reunió dos días después para discutir el dictamen. Una maratoniana sesión que empezó el sábado a las cuatro de la tarde y acabó a las siete de la mañana del domingo día 7.
Como lo oyes.
 A las seis y media de la madrugada, este diputado se rinde al sueño en un divan del salón de conferencias (Ahora, 10/12/1935) |
Las corruptelas del Subsecretario ofrecían pocas dudas.
Basta decir que, dos días después de declarar ante la comisión, el tipo “encontró entre sus papeles” la resolución que ordenaba el pago de la indemnización. Estaba firmada por el Presidente del Gobierno con la fecha en blanco.
Oh!
Quedó demostrado que Lerroux había ordenado el pago. No obstante, los Radicales se defendian alegando que se había acordado en el Consejo de Ministros del 11 de julio.
Según ellos, la orden fue revocada el día 16, una vez que se estudió con más detenimiento el expediente.
O sea, según los radicales había dos acuerdos: primero uno que aprobaba y luego otro que invalidaba el pago.
Sin embargo, los socios en el Gobierno discrepaban: el día 11 se trató el asunto, pero “a última hora del Consejo de Ministros, con estos de pie, a punto de marcharse”.
Según ellos, no hubo que anular ningún pago puesto que nunca llegó a aprobarse. Solo había un acuerdo denegatorio, el tomado en la reunión del 16.
Para enredar más las cosas, la orden de pago iba incluida en la nota que se daba a la prensa después de cada Consejo de Ministros. Salió publicada en las crónicas parlamentarias del 12 de julio.
¿Comorrr?
Los socios alegaban que dicha nota no tenía validez, puesto que no estaba firmada por el Ministro que hacía las funciones de secretario (casualmente de la C.E.D.A.).
Unos decían que, según que tipo de acuerdos, era costumbre que no llevaran firma, los otros lo negaban…
Lo único claro es que nadie daba una explicación convincente.
El lío del montepío.
EL dictamen de la comisión en el Caso Nombela
Supongo que no te sorprenderás si te digo que cada partido sacó sus propias conclusiones... en función de intereses políticos. Tal y como ocurre en la actualidad, la investigación parlamentaria solo sirvió para convencer a los que ya estaban convencidos.
Verás.
Nadie discutía los hechos. Sin embargo, la responsabilidad penal y administrativa era competencia exclusiva de los Tribunales, sus señorías sabían que el asunto estaría olvidado antes de que llegara la luz de la Justicia.
El verdadero interés se centraba en las responsabilidades políticas, y no hubo unanimidad. El informe vino acompañado de un rosario de votos particulares.
Actitud de la coalición de Gobierno
El dictamen final cargaba íntegramente contra el subsecretario y libraba a Lerroux. Obvio, teniendo en cuenta que había mayoría de diputados gubernamentales dentro de la comisión.
Como no podía ser de otra manera, estos entendían que el Gobierno había actuado de buena fe.
Valga como muestra el retrato que hace Gil-Robles de Lerroux en sus memorias:
“Nos hallábamos todos convencidos de que había sido víctima de su propia debilidad, casi de tipo senil, y, sobre todo, de los contactos y relaciones, que nunca se atrevió a romper, con determinadas gentes cuyos procedimientos y actividades rozaban con frecuencia el código penal”
Más lelo que Joe Baiden. Sigamos.
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- ¿En qué se parece Lerroux a Sta Ana? - En que a los sesenta y tantos está en Estado. El liberal - 21/07/1931. (Ministro de Estado equivale a Ministro de Exteriores actual) |
Actitud de la oposición
Les interesaba romper la coalición radical-cedista sin que Gil-Robles saliera demasiado mal parado. Necesitaban que la C.E.D.A. abandonara la vía del republicanismo con la vista puesta en futuras coaliciones electorales.
En consecuencia, responsabilizaron a Lerroux de los tejemanejes de su Subsecretario.
José Antonio Primo de Rivera dijo algo que posiblemente estuviera en la mente de todos:
"El señor Lerroux no delinque nunca; pero en las inmediaciones del señor Lerroux siempre hay, para delinquir, o un hijo adoptivo, o un cuarto cívico militar, o un subsecretario propicio, o un ministro medio tonto; siempre se encuentra eso en los alrededores del señor Lerroux para que se lleven el peso a la hora de las condenaciones…"
Las izquierdas asistían divertidas al espectáculo. No reconocieron la victoria de la derecha en las elecciones de 1933 y venían pidiendo la disolución de las Cortes desde entonces.
Lo tenían muy claro: estaba pringado el Gobierno "clerical-fascista" al completo.
¿Te das cuen?
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| Alejandro Lerroux renunció a defenderse. En mitad de la sesión se fue a dormir a su casa. |
La denuncia Nombela da la puntilla al Gobierno
Como ya ocurriera en el caso Estraperlo, la sombra de Alcalá-Zamora planeó sobre el escándalo.
Nombela se negó a revelar la identidad del "alto cargo" que —según reconoció ante la Comisión— le había echado una mano para que la denuncia llegara a la luz pública. Esperó 32 años. Lo hizo eb una entrevista que concedió al diario Arriba en 1968.
El Jefe del Estado hizo llegar al Parlamento dos asuntos de naturaleza estrictamente judicial por espurios intereses políticos. Don Niceto planeaba quedarse con el espacio político del centro-derecha cuando terminara su etapa al frente de la Jefatura del Estado.
El caso es que el Gobierno quedó muy tocado tras el Estraperlo y el asunto Nombela fue la puntilla.
Tras el caso Estraperlo, Alcalá Zamora había nombrado Presidente del Gobierno al entonces Ministro de Hacienda, un tal Joaquín Chapaprieta. Pasó a compatibilizar ambos cargos.
El momento político era muy delicado: los presupuestos se atascaban en el Parlamento. Las divergencias entre los socios de Gobierno ya eran públicas antes de que Nombela presentara la denuncia.
Chapaprieta era un tecnócrata ("hacendista", se decía en la época) empeñado en sanear el déficit público a base de recortes y subidas de impuestos.
En su descargo hay que reconocer que cada nueva peseta emitida tenía que estar respaldada por una cantidad fija de oro. No existía la posibilidad que hoy tiene el Estado de endeudarse hasta el infinito y más allá imprimiendo billetes de papel.
El problema radicaba en que Chapaprieta era un diputado independiente con un solo escaño. En cambio, sus Ministros representaban la mayoría y pasaban olímpicamente de desgasterse con unos presupuestos impopulares. Menos ahora, que se veían nuevas elecciones en el horizonte.
Al día siguiente de la discusión parlamentaria, Chapaprieta presentó la dimisión ante la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos. Vino acompañada de una nota de prensa explicando los grandes logros de su gestión durante sus siete meses y medio como Ministro de Hacienda.
Bien.
España había tenido cinco gobiernos en lo que iba de año, aún quedaban dos más antes del 31 de diciembre.
Esto lo cuento mejor en el capítulo dedicado a Portela Valladares.
* * *
Falangistas y comunistas quisieron llevar a Nombela en sus listas para las elecciones de 1936, pero el funcionario renunció a meterse en política.
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