Revuelta del Alto Llobregat de 1932: Fígols, Azaña y las deportaciones al Sahara
La revuelta anarquista de Fígols y el Alto Llobregat fue uno de los primeros grandes choques entre la revolución social y el Estado republicano.
Alto Llobregat: cuando la República descubrió que gobernar no era repartir abrazos
Resumen rápido
El 21 de enero de 1932, apenas nueve meses después de proclamarse la Segunda República, y mientras el Parlamento decidía la expulsión de los jesuitas, la cuenca minera del Alto Llobregat vivió una insurrección anarquista impulsada por la CNT y los sectores más activos de la FAI. En Fígols, Sallent, Cardona, Súria y otros puntos, los revolucionarios proclamaron el comunismo libertario, ocuparon ayuntamientos, cortaron comunicaciones y se enfrentaron a la Guardia Civil.
La respuesta del Gobierno de Manuel Azaña fue tan inmediata como desmedida: envío de tropas, detenciones, aplicación de la Ley de Defensa de la República y deportaciones a Villa Cisneros sin juicio previo.
Lo ocurrido entre el 21 de enero y el 11 de febrero de 1932 dejó al descubierto una de las tensiones centrales del régimen republicano: revolución contra legalidad, orden público contra garantías y promesa democrática contra razón de Estado.
Una revuelta antes de Asturias y Casas Viejas
Cuando se habla de la conflictividad social durante la Segunda República, el foco suele irse, como polilla historiográfica hacia bombilla ajena, a Asturias en 1934 o a Casas Viejas en 1933. Pero antes de esos episodios, cuando la República todavía olía a régimen recién estrenado y a promesa de redención colectiva, ya hubo dos avisos bastante sonoros.
Ya he hablado del primero: la Semana Sangrienta Sevillana en julio de 1931. Pues bien, solo seis meses después explotaba el segundo: la revuelta anarquista del Alto Llobregat.
El 21 de enero de 1932, en la cuenca minera de los ríos Llobregat y Cardoner, especialmente en Manresa, Sallent, Cardona, Súria y Fígols, la CNT y los sectores más impacientes de la FAI decidieron que nueve meses de República eran suficientes para concluir que aquello no daba para mucho. La paciencia revolucionaria, como se ve, tenía la duración aproximada de un yogur abierto.
Lo que comenzó no fue una huelga obrera al uso, sino una insurrección con ambición de cambio total. No se trataba solo de pedir mejores condiciones laborales, sino de saltarse varios capítulos de la historia política e instalar directamente el comunismo libertario.
Adiós al reformismo tibio. La idea era derribar el tablero, aunque no estuviera del todo claro quién había leído las instrucciones de montaje del tablero nuevo.
El levantamiento en el Alto Llobregat
Grupos armados formados principalmente por mineros de la potasa y el carbón tomaron el control de varias poblaciones tras enfrentarse a la Guardia Civil.
Cortaron comunicaciones telefónicas, telegráficas y ferroviarias, levantaron barricadas y proclamaron el comunismo libertario. Porque, al parecer, si se corta el teléfono y se ocupa el ayuntamiento, la sociedad nueva aparece por generación espontánea. Muy científico todo.
En Sallent y Cardona ocuparon los consistorios e izaron la bandera roja. Hubo requisas de establecimientos y primeros intentos de aplicar el modelo social sustituyendo el dinero por vales firmados.
En Fígols, miles de mineros se sumaron al movimiento con fusiles incautados al somatén y explosivos procedentes de los polvorines mineros. La minería, en este caso, aportaba tanto conciencia de clase como maestría en el uso de dinamita. Una combinación históricamente poco aburrida.
La intención no era quedarse en aquellas localidades. Los organizadores hicieron esfuerzos frenéticos para extender la revolución a Barcelona y de ahí al resto de España. El plan, en resumen, consistía en que una chispa minera prendiera una revolución nacional. Ambicioso, sí. Realista, ya si eso otro día.
La gravedad de la situación provocó una reacción inmediata del Gobierno. Don Manuel Azaña, ministro de la Guerra, cargo que compaginaba con la presidencia del Gobierno, tuvo que aceptar una verdad incómoda: una República puede ser muy democrática, muy laica y muy progresista, pero cuando alguien te monta una insurrección armada, tiende a recordar que también tiene Ejército.
La respuesta de Azaña
El mismo 21 de enero, Manuel Azaña compareció en las Cortes para informar de los acontecimientos. Durante su intervención presentó la insurrección no como una simple huelga revolucionaria ni como un problema estrictamente sindical, sino como parte de una conspiración más amplia contra la República.
Ante los sus señorías afirmó:
«Se preparaba en España un movimiento revolucionario que estaba anunciado para el 25, con objeto de derribar la República.»
Azaña ordenó enviar fuerzas militares desde Gerona, Barbastro, Lérida y Barcelona para sofocar la insurrección. En las Cortes explicó la orden transmitida al general Batet de la Cuarta División:
«El general de la Cuarta División ha recibido de mí, personalmente, la orden de enviar a la zona donde se ha producido el levantamiento las fuerzas necesarias para aplastarlo.»
“Aplastarlo”. No “dialogarlo”, no “canalizarlo institucionalmente”, no “abrir una mesa de seguimiento con perspectiva territorial”. Aplastarlo. La prosa gubernamental, cuando se pone sincera, mejora muchísimo.
Y añadió otra frase aún más pedagógica:
«No le doy más que quince minutos de tiempo entre la llegada de las fuerzas al lugar de los sucesos y la extinción de éstos.»
Quince minutos. La República había nacido con himnos, banderas y esperanzas; pero también sabía mirar el reloj cuando mandaba tropas.
La demostración de fuerza bastó. La llegada de unidades desde Gerona, Lérida y Barbastro provocó el rápido derrumbe de la insurrección. Los revolucionarios abandonaron las armas y los focos de resistencia en Fígols fueron rodeados y neutralizados.
La rebelión duró apenas unos días. La revolución, una vez más, había demostrado que proclamar un mundo nuevo es bastante más sencillo que sostenerlo cuando aparece infantería regular.
La cosa es que Azaña fue mucho más lejos.
Verás.
Afirmó ante el Parlamento que el Gobierno conocía a personas que habían viajado al extranjero para recibir instrucciones de enemigos del Estado español, habló de apoyos procedentes del exterior y sugirió la existencia de conexiones entre la extrema izquierda revolucionaria y sectores de la extrema derecha interesados igualmente en derribar el régimen.
En concreto llegó a declarar:
«Todo esto nos permite asegurar que sobre la base y con las fuerzas de la extrema izquierda revolucionaria española, se intercala un aliento, un algo que es más que complacencia, una satisfacción y una esperanza por parte de la extrema derecha.»
Aquellas afirmaciones causaron sorpresa generalizada, pero no había pruebas y se tomaron como el típico latiguillo de demagogia parlamentaria.
En las Cortes he tenido un gran éxito. Voto de confianza, propuesto por Maura. Como se disponían a votar la confianza los de la extrema derecha, me levanté de nuevo para decirles que no los necesitaba. (Manuel Azaña. Diarios, 23/01/1932)
Sin embargo, la acusación tuvo un efecto político indeseado. Los anarquistas interpretaron las palabras de Azaña como un intento de desacreditar a la CNT y a la FAI asociándolas con los mismos enemigos políticos contra los que llevaban años combatiendo.
La reacción fue inmediata. La idea de que los anarquistas actuaban al servicio y en coordinación con la extrema derecha fue considerada una auténtica declaración de guerra. Lejos de rebajar la tensión, las palabras pronunciadas en las Cortes contribuyeron a agravar todavía más el enfrentamiento que venía desarrollándose entre la UGT y el movimiento anarcosindicalista desde la proclamación del nuevo régimen.
De hecho, uno de los efectos menos recordados de la crisis del Alto Llobregat fue precisamente éste: la ruptura emocional y política entre el anarquismo sindical y la coalición republicano-socialista, a la que habían ayudado a traer la República. La ruptura que se hizo más profunda por aquellas acusaciones que por el propio aplastamiento militar de la insurrección.
Deportaciones y el vapor Buenos Aires
Tras restaurarse el orden comenzaron las detenciones. El Gobierno recurrió a la Ley de Defensa de la República para actuar contra quienes consideraba responsables principales de la sedición. El Consejo de Ministros acordó deportar a numerosos detenidos a Villa Cisneros, en el Sahara español.
Una “República garantista” que manda opositores políticos al desierto sin demasiadas delicadezas procesales. Detalle menor, naturalmente, para los expertos en Historia subvencionada.
La decisión abrió una enorme polémica política. El debate dejó de girar solo en torno a la insurrección anarquista y pasó a una cuestión bastante más incómoda: hasta dónde podía llegar un Gobierno republicano frente a sus enemigos políticos sin empezar a parecerse demasiado a aquello que decía haber superado.
La tensión aumentó en la madrugada del 11 de febrero de 1932. A las cuatro de la mañana zarpó del puerto de Barcelona el vapor Buenos Aires con 104 deportados a bordo. La operación se mantuvo bajo secreto estricto y ni siquiera se hizo pública inicialmente la verdadera ruta del barco.
Cuando la noticia llegó a la opinión pública, el buque ya estaba lejos de la costa. Muy transparente todo. Casi cristalino, si uno mira hacia otro lado.
Las deportaciones provocaron una tormenta política inmediata.
El ministro de la Gobernación, el actual Interior, Santiago Casares Quiroga, defendió la medida sin rodeos ante la prensa, palabras que fueron reproducidas en el Parlamento:
«Mi actitud es irreductible; pero tampoco vaya usted a creer que las deportaciones se harán a bulto.» (Diario Sesiones, 10/02/1932)
Es una frase admirable en su género: pretende tranquilizar diciendo que no se deportará “a bulto”, como si el estándar moral aceptable fuese “deportación, sí, pero con cierta puntería administrativa”.
Y añadió:
«Aquellos otros verdaderamente comprometidos, y sobre cuya responsabilidad no hay la menor duda, éstos saldrán de España o yo dejo de ser ministro de la Gobernación.»
La fórmula era clara: o salen ellos o salgo yo. Un garantismo procesal bastante minimalista, por decirlo con cariño forense.
Las críticas llegaron desde distintos sectores de la izquierda. Uno de los argumentos más repetidos fue comparar las deportaciones con prácticas de la Monarquía o la Dictadura. En los debates parlamentarios, el diputado Balbotín llegó a afirmar:
«la deportación en masa de un grupo de ibreros no se habia hecho hasta estos momentos, no ya dentro de la Republica, ni siquiera dentro de la monarquia, que no se atrevió jamas a cometer este crimen de lesa democracia.» (Diario Sesiones, 10/02/1932)
El golpe era evidente: se acusaba a la República de inaugurar, con entusiasmo propio, métodos que ni sus antecesores más antipáticos habían empleado de esa manera. La joven democracia empezaba a descubrir el viejo arte de defender libertades suspendiéndolas.
Especialmente significativa fue la intervención del diputado Layret, que evocó el pistolerismo barcelonés y las deportaciones ordenadas por Martínez Anido:
«Cuando hoy me he enterado del acto realizado esta madrugada, acudía a mi memoria el recuerdo de aquel día trágico del 30 de noviembre de 1920, en que el general Martínez Anido deportaba a mi querido amigo el señor Companys.»
La comparación era devastadora. No porque fuera perfecta, sino porque dolía donde tenía que doler: en la pretensión republicana de representar una ruptura moral con el pasado. Y cuando un régimen nuevo empieza a ser comparado con los viejos métodos represivos, la fiesta se vuelve menos luminosa.
La huelga de febrero
La CNT respondió de inmediato. Tras conocerse la salida del Buenos Aires, se convocó una huelga general revolucionaria. Los anarquistas intentaron convertir las deportaciones en el detonante de una movilización obrera nacional. De nuevo, el plan tenía épica. El problema, ese vulgar enemigo de la épica, era la correlación de fuerzas.
Con tres ministros socialistas en el Gobierno, la Unión General de Trabajadores no secundó la convocatoria. Y sin el apoyo socialista, la huelga nacía seriamente coja. La revolución, como la mesa de un bar malo, tambaleaba desde el principio.
Aun así, durante febrero de 1932 se produjeron incidentes importantes en Sevilla, Zaragoza, Málaga, Córdoba, Granada, Valencia, Bilbao, La Coruña y varias localidades gallegas. La agitación fue real, pero desigual. Mucho ruido, varios focos duros y poca coordinación efectiva. El combustible existía; la maquinaria, no tanto.
En Cataluña, bastión anarquista, la movilización tuvo especial intensidad. La huelga no prendió en Barcelona, pero en Tarrasa los anarquistas llegaron a ocupar el ayuntamiento y durante un tiempo ejercieron control efectivo sobre la ciudad. La llegada de las fuerzas de seguridad desembocó en enfrentamientos armados antes de restablecer el orden. Otra vez el mismo patrón: proclamación revolucionaria, ocupación simbólica, choque armado, Estado entrando por la puerta con botas.
Zaragoza destacó por la dureza de los combates. Allí la Guardia Civil se enfrentó a grupos anarquistas en choques que dejaron numerosos muertos y heridos. La huelga no fue un simple gesto teatral: hubo violencia real, represión real y consecuencias humanas reales. Conviene recordarlo, porque la épica política suele tener la mala costumbre de escribir con tinta ajena.
Finalmente, la huelga general fracasó.
La falta de coordinación entre organizaciones obreras, la rapidez de la respuesta gubernamental y la ausencia de respaldo masivo fuera de determinados núcleos industriales impidieron que el movimiento alcanzara sus objetivos. La revolución no prendió. El Estado sí.
Consecuencias políticas
Pero las consecuencias políticas fueron profundas. Las deportaciones dominaron durante semanas el debate público, provocaron crisis internas, dimisiones y enfrentamientos parlamentarios. Incluso la Internacional Comunista se pronunció sobre los acontecimientos españoles, criticando tanto la actuación de los dirigentes anarquistas como las limitaciones de su estrategia revolucionaria. Cuando hasta la Internacional Comunista te dice que tu revolución estaba mal montada, quizá conviene revisar el manual.
La revuelta del Alto Llobregat y las deportaciones de febrero de 1932 marcaron un punto de inflexión. La República mostró que estaba dispuesta a usar todos los instrumentos del Estado para defenderse de una insurrección revolucionaria. Y el movimiento anarquista comprobó que un Gobierno republicano y de izquierdas podía actuar con una dureza perfectamente reconocible para cualquiera que hubiera sobrevivido a los viejos tiempos.
Apenas habían pasado unos meses desde la proclamación de la República y ya estaban sobre la mesa algunas de las fracturas que acompañarían al régimen durante los años siguientes: revolución contra legalidad, orden público contra garantías, izquierda institucional contra izquierda insurreccional, promesa democrática contra razón de Estado.
Lo ocurrido entre el 21 de enero y el 11 de febrero de 1932 fue mucho más que una revuelta minera. Fue uno de los primeros grandes choques entre la revolución y el Estado republicano. Y dejó una lección bastante poco romántica: cuando la historia entra en combustión, los discursos se evaporan rápido y lo que queda suele ser pólvora, decretos y barcos que salen de madrugada.
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