La Ley de Defensa de la 2ª República
No se pudo hacer la revolución constitucionalmente, y tuvieron que recurrir a esa desdichada ley de Defensa de la República y toda la secuela de arbitrariedades ministeriales. (Miguel de Unamuno. Conferencia en el Ateneo madrileño. 28/11/1932)
La Ley de Defensa de la República: cuando la libertad venía con asterisco
O cómo el sueño republicano se convirtió en un manual de represión con membrete oficial
La Ley de Defensa de la República fue el equivalente político a esa alarma del móvil que nadie quiere oír, pero que el Gobierno de Azaña activó con entusiasmo.
Se aprobó el 21 de octubre de 1931, apenas seis días después de que Azaña se sentara en el sillón de presidente. Todavía olía a tinta fresca la proclamación de la República y ya estaban redactando su primera ley de excepción.
De la ilusión al pánico: cuando “libertad” empezó a rimar con “prohibido”
El contexto no ayudaba: huelgas, incendios, anarquistas y comunistas haciendo lo que mejor sabían: montar jaranas, y un Gobierno recién estrenado que veía el país desmoronarse.
Así que Azaña, que en mayo había proclamado que “la vida de un republicano valía más que todas las iglesias de España”, en octubre tuvo que cambiar de registro: “Si la República no se hace respetar, se hará temer”.
Y vaya si se hizo temer. El Parlamento aprobó la ley por aclamación, con la excepción de cuatro diputados del Partido Republicano Democrático Federal, los únicos que tuvieron la osadía de preguntar si eso de suspender derechos era muy republicano.
El resto prefirió aplaudir y pasar página.
Una Constitución con trampa: el truco de la Disposición Transitoria Segunda
La ley, que debía ser temporal, acabó insertada en la propia Constitución gracias a un elegante truco de manos parlamentario: la famosa Disposición Transitoria Segunda.
Azaña y sus aliados socialistas aprobaron a toda prisa esta coletilla legal para dar rango constitucional a una norma que, básicamente, convertía en papel mojado los derechos que la propia Constitución decía proteger.
La paradoja: una Constitución que ampliaba libertades... y un anexo que permitía quitarlas si el Gobierno se levantaba de mal humor. En teoría, se trataba de defender la República. En la práctica, se trataba de blindar al poder. O como dijo el socialista Juan Simeón Vidarte, con la sinceridad del que se siente sucio:
“Una vez más había vencido la razón de Estado... nada de esto nos exime de la vergüenza de haberla votado.”
Multas, censura y deportaciones: el nuevo orden republicano
Con esta ley, el Gobierno podía multar, suspender mítines, encarcelar y deportar ciudadanos sin pasar por un juez. Bastaba una orden del Ministro del Interior, del Director General de Seguridad o de cualquier Gobernador Civil con ínfulas. La separación de poderes quedó convertida en un chiste administrativo.
Ni jueces, ni garantías, ni presunción de inocencia. Viva la democracia, oiga.
La ley permitió cerrar periódicos, despedir funcionarios “hostiles al régimen” y encarcelar a cualquiera sospechoso de “frialdad hacia la República”. En otras palabras: si no aplaudías con suficiente entusiasmo, te podían mandar deportado a África.
Como lo oyes.
El resultado fue un Estado policial con pretensiones pedagógicas. En solo un año, España pasó de 2.000 presos a más de 13.000. La “libertad republicana” no cabía ya en una celda.
Censura con pretensiones morales
El artículo 34 de la Constitución garantizaba la libertad de prensa. Qué nivel.
En la práctica, Azaña clausuró más de cien periódicos entre 1931 y 1933. ABC fue suspendido más de cien días, Solidaridad Obrera vio cómo le secuestraban los números uno tras otro, y los teatros aprendieron que la ironía podía salirles cara.
Obras como “La cartera de Marina” o “Chungonía” fueron prohibidas por alusiones poco gratas al Gobierno.
En la República, hasta el humor tenía que pasar por censura previa. Y aun así, muchos preferían chistes malos a cárceles llenas. El periodista Antonio Agraz fue encarcelado por cantar una copla contra el ministro Largo Caballero.
A los anarquistas les fue igual o peor: el Gobierno deportó sin juicio a 104 militantes anarquistas tras la revuelta de Fígols, entre ellos Buenaventura Durruti.
Nadie se salvaba: ni los conservadores, ni los revolucionarios, ni los que simplemente tenían la mala costumbre de pensar.
De la defensa al despropósito
El artículo 29 decía que todo detenido debía ser entregado al Juez en las 24 horas siguientes a la detención, o bien puesto en libertad.
El periódico Ahora (página 3, en el editorial) situaba entre 8.000 y 10.000 los presos políticos que esperaban una amnistía al final del bienio azañista. El anarquista Solidaridad Obrera hablaba de 15.000.
Cifras distintas, mismo desastre: la República se había vuelto contra sí misma.
Ni siquiera durante la dictadura de Primo de Rivera se había aprobado algo tan abiertamente autoritario.
Ironías de la historia: los mismos republicanos que habían denunciado la sumisión de la justicia bajo la monarquía ahora aprobaban leyes que les permitían ser juez, parte y verdugo.
La Ley de Orden Público de 1933: el relevo sin redención
La vigencia de Ley de defensa de la República debía cesar cuando se disolvieran las Constituyentes. Cuando el Gobierno de Azaña tenía los días contados, sustituyó la Ley de Defensa por otra joya legislativa: la Ley de Orden Público del 28 de julio de 1933.
Era básicamente la misma cosa… con nuevo envoltorio. Inspirada en la dictadura de Primo de Rivera, la ley era tan draconiana que el régimen franquista la mantuvo vigente hasta 1959 sin cambiar una coma. Eso sí que es durabilidad institucional.
Epílogo: una libertad vigilada
Si exceptuamos los periodos de campaña electoral, los derechos ciudadanos vivieron en suspenso perpetuo. Cuando no se declaraba el estado de alarma en toda España, se declaraba el de guerra en alguna provincia.
La prensa, los sindicatos y los ciudadanos aprendieron a medir sus palabras con precisión quirúrgica.
Hoy se recuerda la República con nostalgia romántica, como si hubiera sido un paradigma de democracia ilustrada. Pero la verdad es menos inspiradora: la II República nació con una Constitución que estaba suspendida desde el momento de nacer. Fue un proyecto que pretendía ser hermoso, pero lleno de cláusulas pequeñas.
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