La Ley de Defensa de la 2ª República
La Ley de Defensa de la República: cuando la libertad venía con asterisco
O cómo el sueño republicano se convirtió en un manual de represión con membrete oficial
La Ley de Defensa de la República fue el equivalente político a esa alarma del móvil que nadie quiere oír, pero que el Gobierno de Azaña activó con entusiasmo.
Se aprobó el 21 de octubre de 1931, apenas seis días después de que Azaña se sentara en el sillón de presidente. Todavía olía a tinta fresca la proclamación de la República y ya estaban redactando su primera ley de excepción.
De la ilusión al pánico: cuando “libertad” empezó a rimar con “prohibido”
El contexto no ayudaba: huelgas, incendios, anarquistas y comunistas haciendo lo que mejor sabían —montar jaranas— y un Gobierno recién estrenado que veía el país desmoronarse.
Así que Azaña, que en mayo proclamaba que “la vida de un republicano vale más que todas las iglesias de España”, en octubre tuvo que cambiar el relato: “Si la República no se hace respetar, se hará temer.”
 |
| Azaña justifica una ley de excepción para atajar el problema de orden público. (Heraldo de Madrid. 15/10/1931) |
Y vaya si se hizo temer. El Parlamento aprobó la ley por aclamación, con la excepción de cuatro diputados del Partido Republicano Federal, los únicos que tuvieron la osadía de preguntar si eso de suspender derechos era muy republicano.
El resto prefirió aplaudir y pasar página.
Una Constitución con trampa: el truco de la Disposición Transitoria Segunda
La ley, que debía ser temporal, acabó insertada en la propia Constitución gracias a un elegante truco de manos parlamentario: la famosa Disposición Transitoria Segunda.
Azaña y sus aliados socialistas aprobaron a toda prisa esta coletilla legal para dar rango constitucional a una norma que, básicamente, anulaba los derechos que la Constitución decía proteger.
La paradoja: una Constitución que ampliaba libertades... y un anexo que permitía quitarlas si el Gobierno se levantaba de mal humor.
En teoría, se trataba de defender la República. En la práctica, se trataba de blindar al poder. O como dijo el socialista Juan Simeón Vidarte, con la sinceridad del que se siente sucio: “Una vez más había vencido la razón de Estado... nada de esto nos exime de la vergüenza de haberla votado.”
Multas, censura y deportaciones: el nuevo orden republicano
Con esta ley, el Gobierno podía multar, suspender mítines, encarcelar y deportar ciudadanos sin pasar por un juez. Bastaba una orden del Ministro del Interior, del Director General de Seguridad o de cualquier Gobernador Civil con ínfulas. La separación de poderes quedó convertida en un chiste administrativo.
Ni jueces, ni garantías, ni presunción de inocencia. Viva la democracia, oiga.
La ley permitió cerrar periódicos, despedir funcionarios “hostiles al régimen” y encarcelar a cualquiera sospechoso de “frialdad hacia la República”. En otras palabras: si no aplaudías con suficiente entusiasmo, te podían mandar deportado a África.
 |
| La Corporación del Ayuntamiento de Sevilla discute separar del servicio a los funcionarios "hostiles a la República" |
El resultado fue un Estado policial con pretensiones pedagógicas. En solo un año, España pasó de 2.000 presos a más de 13.000. La “libertad republicana” cabía ya en una celda.
Censura con pretensiones morales
El artículo 34 de la Constitución garantizaba la libertad de prensa. Qué tierno.
En la práctica, Azaña clausuró más de cien periódicos entre 1931 y 1933. ABC fue suspendido más de cien días en total, Solidaridad Obrera veía cómo le secuestraban los números uno tras otro, y los teatros aprendieron que la ironía podía salirles cara.
Obras como “La cartera de Marina” o “Chungonía” fueron prohibidas por alusiones poco gratas al Gobierno.
En la República, hasta el humor tenía que pasar por censura previa. Y aun así, muchos preferían chistes malos a cárceles llenas.
El periodista Antonio Agraz fue encarcelado por cantar una copla contra el ministro Largo Caballero.
 |
| El periodista Antonio Agraz es encarcelado por cantar una copla satírica contra el Ministro de Trabajo, Largo Caballero. (El Imparcial, 20/10/1932) |
A los anarquistas les fue igual o peor: el Gobierno deportó sin juicio a 104 militantes tras la revuelta de Fígols, entre ellos Buenaventura Durruti.
 |
| El Gobierno deportó sin juicio previo a 104 anarquistas, entre ellos se encontraba Buenaventura Durruti. (La Tierra, 1/02/1932) |
Nadie se salvaba: ni los conservadores, ni los revolucionarios, ni los que simplemente tenían la mala costumbre de pensar.
 |
| El periódico "La Tierra" denuncia el secuestro (por 4ª vez) del periódico anarquista "Solidaridad Obrera" (3/01/1932) |
De la defensa al despropósito
El artículo 29, decía que todo detenido debía ser entregado al Juez en las 24 horas siguientes a la detención, o bien puesto en libertad.
El periódico Ahora (página 3, en el editorial) situaba entre 8.000 y 10.000 los presos políticos que esperaban una amnistía al final del bienio azañista. El anarquista Solidaridad Obrera hablaba de 15.000. Cifras distintas, mismo desastre: la República se había vuelto contra sí misma.
 |
| Periódico anarquista "Solidaridad Obrera" (11/04/1934) |
Ni siquiera durante la dictadura de Primo de Rivera se había aprobado algo tan abiertamente autoritario.
Ironías de la historia: los mismos republicanos que habían denunciado la sumisión de la justicia bajo la monarquía ahora aprobaban leyes que les permitían ser juez, parte y verdugo.
La Ley de Orden Público de 1933: el relevo sin redención
Cuando el escándalo fue insostenible, el Gobierno de Azaña sustituyó la Ley de Defensa por otra joya legislativa: la Ley de Orden Público del 28 de julio de 1933.
Era básicamente la misma cosa... con nuevo envoltorio. Inspirada en la dictadura de Primo de Rivera, la aplicaron por primera vez en Sevilla veinte días después. No hubo tiempo de mucho más: el Gobierno de Azaña cayó cuatro meses después.
Para que te hagas una idea: la ley era tan draconiana que el régimen franquista la mantuvo vigente hasta 1959 sin cambiar una coma. Eso sí que es durabilidad institucional.
Epílogo: una libertad vigilada
Si exceptuamos los periodos de campaña electoral, los derechos ciudadanos vivieron en suspenso perpetuo. Cuando no se declaraba el estado de alarma o guerra en toda España, se declaraba en alguna provincia.
La prensa, los sindicatos y los ciudadanos aprendieron a medir sus palabras con precisión quirúrgica.
 |
| El periódico "El Socialista" informa que "Ya" y "La Época" han sido suspendidos indefinidamente por dar "noticias sobre la muerte del señor Calvo Sotelo sin pasarlas por la censura" (14/07/1936) |
Hoy se recuerda aquella época con nostalgia romántica, como si hubiera sido un paradigma de democracia ilustrada. Pero la verdad es menos inspiradora: la II República nació con una Constitución que estaba suspendida desde el momento de nacer. Fue un proyecto hermoso, pero lleno de cláusulas pequeñas.
Comentarios
Publicar un comentario