El 'Bienio Progresista': Cuando el Socialismo Oportunista Cabreó al Pueblo (y Perdió las Elecciones)
El proletariado como instrumento político: cómo Azaña y Largo Caballero dividieron al obrero español (1931-1933)
Existe una visión casi romántica del llamado Bienio Progresista de la II República. Es esa historia edulcorada que convierte a Manuel Azaña en el héroe que quiso traer modernidad, progreso y quizás una iluminación colectiva.
Pero la realidad es que, en cuanto la gente tuvo ocasión de votar en las elecciones de 1933, el Gobierno progresista recibió tal varapalo electoral que ni las fanfarrias republicanas pudieron tapar el ruido de la caída.
Contenido
- El malestar social no lee manifiestos
- Un gobierno de izquierdas que gobernó como si no hubiera obreros
- El gallinero republicano
- La competencia sindical: cuando la unidad obrera brillaba por su ausencia
- 1º de Mayo de 1932: cuando la fiesta no era de nadie
- Los ferroviarios que no entendían de equilibrios presupuestarios
- La ruptura entre PSOE y UGT: familia desestructurada
- El sindicalismo, versión domesticada
- El destierro de Durruti: de héroe a rehén
- El control de los trabajadores del campo
El malestar social no lee manifiestos
Cuando Azaña llegó a la jefatura de Gobierno, apenas seis meses después de proclamarse la República, ya se había ganado el entusiasmo de casi nadie.
Tenía en contra a los monárquicos, a los republicanos liberales, a los republicanos conservadores y a la mayor parte de los católicos. Esa gente que en los periódicos de la época aparece bajo el pintoresco epígrafe de “gente de orden”.
Pero lo realmente brillante es que, en un tiempo récord, también consiguió cabrear a la clase obrera a la que decía favorecer.
Mientras el trabajo escaseaba y la crisis entraba por las ventanas de las casas obreras, los nuevos gobernantes daban la imagen de vivir como marqueses de opereta: acumulaban cargos, cobraban sueldos respetables y además perseguían a las organizaciones obreras que no eran de su cuerda.
Un gobierno de izquierdas que gobernó como si no hubiera obreros
Las Cortes Constituyentes, en un ejemplo de permanencia que ya quisieran algunas herencias familiares, decidieron no disolverse tras aprobar la Constitución. Tampoco se les ocurrió someterla a referéndum popular.
Azaña siguió gobernando apoyado en la mayoría socialista, como si la República fuese una especie de laboratorio sin control de calidad. Los ministros radicales dimitieron en bloque porque no estaban dispuestos a hacer de comparsa en un gobierno con preponderancia marxista.
Mientras tanto, Azaña se dejaba agasajar por su partido en banquetes en los que el “progreso” se servía en bandejas de plata.
El gallinero republicano
En teoría, Lerroux podría haber sido un contrapeso al ímpetu socialista. Era, de hecho, el líder republicano más popular. Azaña, en cambio, era el jefe de un partidito que, en sus propias palabras, había sido “llevado en brazos de la revolución popular”.
Dos gallos para un corral ya pequeño. Azaña optó por gobernar con los votos prestados de los socialistas, que tenían cuatro veces más escaños que él.
Para el PSOE, la República era solo un paso hacia el soñado Estado socialista. Sabían que el país no estaba preparado y preferían dejar a otros el desgaste de gobernar una República burguesa mientras ellos ocupaban, eso sí, los tres ministerios políticamente más jugosos: Obras Públicas, Trabajo y Enseñanza.
A Azaña le quedaron los ministerios “apolíticos” de Marina y Guerra, convirtiéndose en un elegante florero institucional que hacía de testaferro de las políticas socialistas.
La competencia sindical: cuando la unidad obrera brillaba por su ausencia
Los socialistas controlaban la todopoderosa UGT y con ello presumían de representar a toda la clase obrera. Sin embargo, el sindicato mayoritario seguía siendo la CNT en amplias zonas del país, su rival histórico.
Mientras tanto, la crisis económica devoraba empleos: medio millón de empleos en apenas ocho meses de República. Un éxito incontestable, pero al revés.
1º de Mayo de 1932: cuando la fiesta no era de nadie
Para medir el malestar no hace falta una encuesta del CIS, basta mirar la hemeroteca. En el 1º de mayo de 1931, recién proclamada la República, habían desfilado por la Castellana unas 150.000 personas. Un año después, el Gobierno tuvo que prohibir la manifestación.
Sí, un Gobierno que se autoproclamaba obrero prohibiendo la fiesta de los obreros. El manual del absurdo político en su máxima expresión. En la manifestación del año anterior habían desfilado juntos Pedro Rico, Largo Caballero, Unamuno y Prieto, todo un retrato de familia que ahora parecía un mal chiste.
Un año despues, Azaña escribía en sus diarios, con tono de resignación burocrática:
"el día 1 paro general absoluto en Madrid (...). Se temían disturbios con motivo de la acostumbrada manifestación, porque comunistas y sindicalistas prometían agredir a los de UGT. Se acordó en Consejo de Ministros que no hubiera manifestación..." (Diarios de Azaña, 3 de mayo de 1932).
La ironía es evidente: Largo Caballero había debutado, 39 años antes, en un 1º de Mayo acusando a la monarquía de temer a los obreros. En 1932, era su propio Gobierno el que prohibía la manifestación.
Los ferroviarios que no entendían de equilibrios presupuestarios
Cuando Indalecio Prieto aterrizó en el Ministerio de Obras Públicas, lo primero que recibió no fueron flores, sino una avalancha de reclamaciones salariales del sector ferroviario.
Llevaban años oyendo promesas de ascenso en cuanto cayera la monarquía. El rey cayó. La subida, no tanto.
El hecho es que la reacción de Prieto no fue populista. No cedió: dijo que la petición era injusta porque ya tenían jornales superiores a la media. Y lo dijo sabiendo perfectamente que el Estado no podía asumir más gastos. El problema es que los obreros no tenían intención de aplaudirle por su responsabilidad presupuestaria.
Así que, cuando las promesas electorales se revelaron como lo que suelen ser: humo en papel caro, muchos trabajadores se echaron en brazos de los sindicatos de acción: anarquistas y comunistas, los únicos que parecían no prometer moderación.
Y es que el advenimiento de la República vino acompañado de las más alocadas promesas electorales.
Quizás entiendas el desengaño obrero, con este extracto del discurso que dio Alcalá-Zamora en la celebración del 1º de Mayo de 1931, 15 días después de proclamarse el nuevo régimen:
“Eso que reclamáis del Gobierno, digo, no está ya en la “Gaceta" [BOE de la época] por falta material de tiempo para insertarlo en el periódico oficial...
Y para el año próximo será preciso que penséis otras cosas, puesto que lo reclamado hoy estará para entonces realizado...” (El Liberal, 2/05/1931, portada).
Vale.
La ruptura entre PSOE y UGT: familia desestructurada
Para colmo, en octubre de 1932, PSOE y UGT oficializaron su ruptura.
En el Congreso socialista ganaron los colaboracionistas, pero en el de UGT, preocupados porque comunistas y anarquistas subían como la espuma, triunfaron los anticolaboracionistas, con el apoyo decisivo del sector ferroviario.
Así, en apenas un año de bienio progresista, los ministros socialistas perdieron el control del sindicato y la UGT dejó de ser ese dócil instrumento que tanto les gustaba. Un mes después, la UGT lanzó a la huelga a los mineros asturianos. El propio Teodomiro Menéndez, socialista y subsecretario de Trabajo, dijo que la huelga era inoportuna.
Los mineros le hicieron el caso habitual que se hace a los tecnócratas desde que el mundo es mundo: ninguno.
El Gobierno acabó claudicando: anunció la compra cien mil toneladas de carbón asturiano que se acumulaba en las minas para consumo de los ministerios de Marina, Guerra y Obras Públicas. Así se resolvía entonces la crisis: con chequera y sudores.
La guerra por la conquista de las masas obreras estaba servida.
El socialismo oportunista y gubernamental contra el sindicalismo de significación exclusivamente económica que hasta entonces había estado monopolizado por anarquistas y comunistas.
¿Te das cuen?
* * *
El sindicalismo, versión domesticada
El sindicalismo, que debía ser libre, se convirtió en una especie de club con entrada reservada.
El Gobierno de Azaña impidió el funcionamiento normal de los sindicatos, y curiosamente, los únicos obreros que encontraban trabajo eran los que estaban afiliados. Con Indalecio Prieto (PSOE) en Obras Públicas y Pedro Rico en la alcaldía de Madrid (de Acción Republicana) se diseñaron planos de estímulo económico y fomento del empleo.
Todo correcto, en apariencia. Hasta que descubrimos que para trabajar en el "túnel de la risa" o en la prolongación de la Castellana, se pedía un carnet sindical muy concreto: el de la UGT.
Largo Caballero había recuperado los Jurados Mixtos, una versión republicana de los antiguos Comités Paritarios para la resolución de conflictos laborales inventados por la dictadura de Primo de Rivera. Entonces, que ya sonaba a manipulación, quedó ahora directamente bajo control socialista. La neutralidad brillaba por su ausencia.
La CNT, mientras tanto, volvió a ser el enemigo interno. El Gobierno de Azaña la persiguió con la misma saña que lo persiguió la dictadura militar, aquella en la que la UGT había colaborado con Primo de Rivera para apartar del mapa a su rival histórico.
Los comunistas ortodoxos, pocos pero ruidosos, seguían las órdenes de la Komintern. Tenían una instrucción clara: apoyar cualquier movimiento que desestabilizara la República “burguesa” en nombre de la futura “dictadura del proletariado” (la de ellos).
El destierro de Durruti: de héroe a rehén
En lugar de ganarse al proletariado, la política del Gobierno lo empujó a la radicalización. Los obreros descontentos acabaron abrazando a la CNT con fervor casi religioso.
Si uno lee la prensa de la época, la escena parece un bucle: el Gobierno proclamando orden, los anarquistas declarando huelga, la UGT incapaz de desconvocarla, y el Gobierno incapaz de disolverla sin violencia.
Amparado en la Ley de Defensa de la República, Azaña transformó la democracia en un Estado policial donde bastaba una firma para suspender derechos ciudadanos. No hacía falta juez, ni pruebas, ni sentido común.
Ejemplo de manual: el encarcelamiento de Buenaventura Durruti y un centenar de compañeros, encerrados en las bodegas del carguero Buenos Aires tras los sucesos del Llobregat, en enero de 1932.
El barco permaneció atracado en Barcelona unos días y luego zarpó rumbo a Bata (actual Dajla, Sahara Occidental). Sin juicio, sin defensa. Deportados por decreto. Con un par.
Cenetistas como Ángel Pestaña o Joan Peiró, intentaron mantener una postura posibilista, incluso de colaboración con la República. Pero el trato que recibieron fue el de siempre: paternalismo y desprecio.
"Entre otras visitas, la de Pestaña y otros tres miembros de la CNT que vienen a pedir clemencia para los deportados de Buenos Aires. Casi no les he dejado hablar, y aunque la entrevista ha sido larga, me lo he dicho yo todo. (...) Pestaña parece muy quebrantado." (Diarios de Azaña, 27/02/1932).
El Gobierno confundió autoridad con arrogancia. El resultado: los deportados se convirtieron en mártires y la represión, en gasolina para el fuego.
En España, las ideas políticas tienen la costumbre de florecer cuando se las pisa.
* * *
El control de los trabajadores del campo
Hablar del proletariado en los años treinta es una generalización perezosa.
No se puede comparar un conductor de tranvías madrileño con jornada dominical y vivienda de protección oficial, con un jornalero andaluz que llevaba desde niño vareando olivos por un “salario de hambre”. Bastaba alejarse treinta kilómetros de Madrid para toparse con otro país: hambre, analfabetismo y resignación.
Fue allí, en la España profunda, donde más calaron las promesas de la revolución. El campo esperaba una reforma agraria inmediata; en cambio, el proyecto de Marcelino Domingo se atascó en el Parlamento, y lo que es peor, no había un duro para ejecutarlo.
Paradójicamente, el golpe de Estado de Sanjurjo sirvió de excusa para confiscar tierras sin indemnización, no solo a los golpistas, sino también a la nobleza, aunque no se hubiera movido de casa. Justicia exprés con toque populista.
Pero los jornaleros no eran ingenuos. Entendieron rápido que la tierra “nacionalizada” no sería suya. El Estado pretendía que trabajaran en usufructo las fincas colectivizadas. Ellos querían ser propietarios, no peones del Ministerio.
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Por si faltaba ironía, la célebre Ley de Términos Municipales de Largo Caballero, que impidió a un jornalero trabajar fuera de su municipio, terminó conocida como la “Ley del Hambre”.
Los de Villarriba no podían ir a segar a Villabajo, y viceversa. El paro se disparó donde había demasiados jornaleros, mientras las cosechas se pudrían en los pueblos con demasiada tierra. Un éxito rotundo. La ley también arruinó a los segadores gallegos y extremeños que cada verano acudían a Castilla.
Azaña y sus ministros socialistas se mostraron tan hábiles como los viejos caciques, pero con estética proletaria: las casas del pueblo de la UGT se convirtieron en oficinas de empleo con trato preferente para los afiliados.
Un dato que dice más que mil discursos: los afiliados a la UGT pasaron de 300.000 a casi 1.500.000 mientras Largo Caballero fue ministro de Trabajo. La meritocracia tenía carnet.
Los jornaleros que quedaron fuera del reparto se tomaron la justicia por su mano, ocupando fincas antes de que llegaran los ingenieros del Estado a medirlas. La CNT, desde luego, aplaudía cada ocupación. La respuesta del Gobierno fue más represión.
Dos años de toma y daca, hasta que los sucesos de Casas Viejas pusieron fin al experimento progresista.
El bienio terminó como empezó: entre el humo y el engaño.
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