Economía y violencia social tras la proclamación de la II República

Resulta socorrido culpar a la crisis mundial de la mala marcha de la economía española durante la 2ª República. También es muy típico artribuirla a una especie de boicot corporativo de capitalistas y terratenientes. Se presentan como oligarcas egoístas y celosos de conservar sus privilegios para poder seguir explotando al pueblo.

Según estas visiones, la República habría nacido en mal momento y a la sombra de un verdugo que la segó antes de que pudiera echar flores.

Vale.

Es un tema peliagudo, los economistas no aciertan a predecir el futuro, ni siquiera se ponen de acuerdo explicando el presente y sería ingenuo creer que existe unanimidad a la hora de interpretar el pasado.

Apenas voy a entrar en la cuestión macro-económica, pero si quiero explicar una visión más “micro" de lo que supuso para la economía española la instauración del nuevo régimen republicano.

Una economía de alpargata.

Al llegar la 2ª República la economía española estaba poco industrializada. El 80% de la población habitaba en zonas rurales, el 50% vivía del sector primario y entre el 30-40% era analfabeta.

La agricultura seguía siendo la principal fuente de riqueza nacional. Bastaba alejarse unos kilómetros de las grandes ciudades para toparse con la España profunda, un entorno económico-social más cercano a la edad media que al siglo XX.

Es obvio que la situación económica internacional no ayudaba, pero lo cierto es que el crack del 29 no afectó con la misma intensidad a España que a los países más industrializados. En la economía mundial había dos crisis superpuestas: una cíclica, de superproducción con baja demanda, y otra más política, consecuencia de la tremenda deuda que había generado la I guerra mundial.

Ninguna de ellas afectaba a España, de hecho, hay quien asegura que, si no fuera por la falta de confianza en otras monedas, la salida de capitales hubiera sido mucho más importante de lo que fue.

También hay que considerar que no todo el influjo exterior actuaba negativamente. Por ejemplo: la caída del precio internacional de las materias primas afectaba negativamente a la minería, pero favorecía a la industria textil catalana que vivía de abastecer el mercado interno.

Ya hemos explicado que España había experimentado una fuerte expansión económica durante la dictadura del general Primo de Rivera que empezó a desacelerarse tras la dimisión del general.

La ralentización económica tuvo mucho que ver con el hecho de que anarquistas y comunistas volvieron a las algaradas. No así los socialistas, que gracias a que colaboraron con la dictadura habían podido fortalecer su organización sindical y fueron protagonistas del cambio de régimen.

Ante la incertidumbre se devaluó la peseta frente a la libra esterlina. Esta pasó de 35 a 45 pesetas [aunque renqueante, todavía funcionaba el patrón oro].

La situación no era grave y lo normal hubiera sido que con la llegada de la República, el movimiento sindicalista español se hubiera integrado paulatinamente en la corriente democrática.

Supongo que era lo que esperaba el socialista D. Indalecio Prieto el día de su toma de posesión. El flamante nuevo ministro de Hacienda predijo que la devaluación era circunstancial y que la economía mejoraría una vez disipada la incertidumbre política.

Periódico Ahora del 17/04/1931

Sin embargo Don Inda se equivocaba. Dos meses después de estas declaraciones el cambio de la libra había pasado de 45 a 57 pesetas.

La devaluación podía considerarse incluso beneficiosa porque encarecía las importaciones y potenciaba la producción interior.

Pero hay que preguntarse: ¿Por qué la devaluación?

Progreso económico Vs Violencia social.

La instauración de la República "burguesa" no convenció a anarquistas y comunistas. Lejos acatar el régimen democrático, retomaron las mismas tácticas revolucionarias que habían motivado la llegada de la Dictadura.

Con la llegada de la República sobrevino un gran problema de orden público que llevó a la economía española a un estado de confusión y crisis de confianza que —lejos de remitir— se fue incrementando con el tiempo.

La conflictividad social se disparó hasta el punto de ser uno de los elementos más definitorios de todo el período republicano. Si hay algo en lo que están de acuerdo todos los economistas, es que el orden público es base y exigencia de todo intento de recuperación económica.

En todo el periodo republicano apenas hubo un mes de normalidad constitucional en toda España; durante el primer bienio estuvo vigente la ley de defensa de la República que directamente anulaba los derechos constitucionales, cuando fue sustituida por la Ley de Orden Público, no hubo día en que en una provincia u otra (cuando no en toda España) no se declarara el estado de prevención, de alarma o de guerra, siempre por causa de la violencia política y social.

Se generó un clima de incertidumbre y desconfianza que paralizó la inversión y elevó el paro más allá de lo que es razonable atribuir a la situación exterior.

Mujer herida tras un tiroteo en la plaza de San Fernando de Sevilla. (Ahora. 24/07/1931. Pág 12)

Conflictos sin solución: las huelgas revolucionarias.

Muchos de los conflictos obreros de aquel tiempo eran de imposible solución, por la sencilla razón de que no perseguían mejoras económicas o laborales.

Las llamadas “huelgas revolucionarias” de los sindicatos de "acción" eran huelgas políticas acompañadas de algaradas, tiroteos y vandalismo callejero. Su único objetivo era desestabilizar una República calificada de "burguesa".

Estos movimientos insurreccionales cogieron a contra pié a la coalición republicano-socialista que se había aupado al poder.

Republicanos y socialistas habían solicitado colaboración a la C.N.T. para derrocar a la Monarquía, los anarquistas votaron por las candidaturas republicano-socialistas en las elecciones municipales que derrumbaron la monarquía. Una vez instalados en el Poder, no tuvieron fuerza moral para combatirlos: con las elecciones a Cortes constituyentes a la vuelta de la esquina, se mostraron reacios a utilizar la fuerza pública contra los obreros por miedo a perder apoyo electoral.

Cuando ocurrieron las primeras violencias, los nuevos dirigentes optaron por una actitud de pasteleo y transigencia: ordenaron a las fuerzas de orden público extremar la prudencia.

Nadie quiso asumir el sambenito de "represor del pueblo", el mantra que habían repetido sin cesar para desgastar a la monarquía. Pensaron que dando de comer a la fiera se acabarían calmando los disturbios; pero sólo consiguieron empeorar la situación, las fuerzas del orden dejaron de ser respetadas y las algaradas "revolucionarias" fueron en aumento.

Esta actitud inicial de permisividad interesada fue desmoralizando a las propias Fuerzas de Seguridad, que veían como se les perdía el respeto en la calle. Ya hemos hablado de la famosa frase de Azaña: “la vida de un hombre vale más que todas las iglesias de España”.

Lo peor de todo es que acabó por incapacitar moralmente al propio Gobierno. Al no utilizar las fuerzas de seguridad de forma preventiva, tuvo que usarlas después como instrumento represivo.

Cuando el primer Gobierno quiso reaccionar, ya era demasiado tarde, no le quedó otro remedio sacar el ejército a la calle y declarar el Estado de Guerra.

Se calcula que cuando Azaña dejó el poder quedaban en la cárcel unos 8.000 presos políticos, muchos de ellos en calidad de presos "gubernativos" que ni siquiera habían pasado a disposición judicial. 

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El cierre de la Bolsa de Madrid.

Todo empezó con una alocada y precipitada amnistía general el mismo día de la proclamación del nuevo Régimen. No sólo se liberó a los presos políticos, también pusieron en las calles de Barcelona, Sevilla, Bilbao y Valencia a toda clase de delincuentes comunes.

"La alegría de la libertad hizo que casi todos los presos olvidaran sus petates." Sevilla. (Ahora. 17/04/1931. Pág.13)

Sevilla fue la primera ciudad donde hubo que declarar el Estado de Guerra cuando aún no habían terminado de celebrar la llegada de la República.

En medio de la confusión por la transmisión de poderes, un grupo de comunistas asaltó unas armerías y a punto estuvieron de hacerse los dueños de la ciudad.

La fuerza pública respondío a balazos: murieron dos personas y 17 resultaron heridas.

Un mes después ocurrieron los sucesos del 12-13 de Mayo de 1931. Todo empezó en el centro de Madrid con un alboroto en el que ardieron cuatro coches de políticos monárquicos ante la mirada impasible de la policía.

El tumulto continuó con el incendio deliberado de conventos, colegios, escuelas de formación profesional, palacios episcopales y periódicos. En total se destruyeron unos 100 edificios en varias ciudades de España, la mayoría propiedad de la Iglesia.

El flamante nuevo Ministro de Interior –Miguel Maura– vio que el asunto se le iba de las manos y propuso sacar el ejército a la calle. Cual fue su sorpresa cuando le salió Azaña con que la vida de un hombre valía más que todas las iglesias de España.

Solo después de que los saqueos e incendios empezaron a extenderse a otras ciudades de España, el nuevo Ministro del Ejército tuvo que bajarse de la burra y declarar el Estado de Guerra.

El general Queipo de Llano (os sonará el nombre) lee el primer bando de declaración del Estado de Guerra en la Puerta del Sol de Madrid.

La Bolsa de Madrid estuvo cerrada una semana y el capital corrió a esconderse: una avalancha de dinero salió de España congestionando las bolsas europeas. Suficiente para desplomar la peseta y crear un quebranto en el crédito que acabó afectando a la agricultura, la industria y el comercio, sin beneficio alguno para la clase trabajadora.

Es evidente que, al día siguiente de los incendios, la Iglesia era menos rica, pero tampoco es menos cierto que las masas obreras seguían igual de pobres, y que cientos de niños se habían quedado sin colegio.

Incendio del Colegio de las Maravillas de las monjas carmelitas en Madrid tras los disturbios del 12 de Mayo.

Los sucesos podrían haber quedado en un caso aislado, algo propio de la confusión de los primeros momentos. Si no fuera porque le siguió una larga lista de imprudencias y desaciertos.

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El día de reapertura de la Bolsa, el Ministro de Hacienda Indalecio Prieto (declaraba campechanamente a la prensa que le habían impuesto un cargo para el que no estaba preparado), en vez de prometer una rápida vuelta a la normalidad, culpó a la Bolsa de “centro derrotista” y amenazó con “desagradables sorpresas” a los que, según su opinión, estaban vendiendo valores a la baja para recomprarlos después (Ahora, 17/05/1931, pág 5).

Es indiscutible que las opiniones del Ministro no ayudaron a tranquilizar a nadie, todo el que pudo corrió a sacar dinero del país.

Representantes de la banca Morgan estaban de visita en Madrid y salieron pitando camino de la frontera. Cancelaron un crédito de 60 millones de dólares que habían negociado con el último gobierno de la monarquía. Habían venido a renegociarlo con las nuevas autoridades.

Prieto tuvo que recurrir al Banco de Francia para renovar el crédito. Se lo concedieron, pero exigieron en prenda una cantidad equivalente en lingotes de oro que debían quedar depositados en el París hasta su devolución.

Nada más miedoso que el poderoso caballero...

"Es bien sabido que la Bolsa está siendo un centro derrotista." (Ahora, 17/05/1931, pág 5)

Revolucionarios de la calle y revolucionarios de salón.

Si uno ojea la prensa de los meses siguientes, observa que no hay huelga en la que no se produzcan heridos o víctimas mortales. Los cuatro primeros meses de república dejan una estadística macabra de cerca de 150 muertos y 400 heridos en enfrentamientos con las fuerzas del orden público.

El 23 de Mayo se declaró el Estado de Guerra en Elda, el 27 en San Sebastián, el 13 de Junio en Villanueva del Arzobispo, el 17 en Gerona, el 20 en Málaga…

"Grupo de obreros levantando el tranvía que había sido volcado por los huelguistas." San Sebastián. (Ahora. 29/05/1931. Pág.11)

Las proclamaciones del Estado de Guerra del mes de Junio coinciden con la campaña electoral de las primeras elecciones republicanas. Una campaña plagada de proclamas anticapitalistas en las que los ministros izquierdistas del Gobierno [el mismo que declaraba los Estados de guerra] anunciaban un “periodo revolucionario”. Prometían alegremente un pronto empoderamiento del capital por los trabajadores y una reforma agraria que trasladaría la propiedad de la tierra a los jornaleros.

Agricultores asisten a una asamblea celebrada en Córdoba contra el proyecto de reforma agraria. Ahora 24/07/31. Pág 18.

Las alocadas promesas electorales sembraron de inquietud a los agentes económicos. Muchos agricultores dejaron de sembrar ante la perspectiva de que les pudieran quitar la tierra en el momento de la cosecha. La tierra dejó de servir como aval y se interrumpió el crédito para la compra de abonos y semillas.

Comerciantes e industriales ralentizaron la actividad y paralizaron sus proyectos cuando vieron que la nueva Constitución dejaba la puerta abierta a la socialización de la propiedad. Las cifras de paro inciciaron una escalada que no paró en los cinco años siguientes.

Con todo, quizás el aspecto más negativo sea que se elevaron las expectativas del pueblo llano con unas promesas imposibles de cumplir. Lo he contado en el capítulo dedicado a la reforma agraria.

El ejercito toma por segunda vez las calles de Sevilla tras la declaración del estado de guerra. (Ahora. 24/07/1931)

En Julio de 1931 Sevilla vivió su segunda declaración de Estado de Guerra en tres meses.

Todo gracias a una huelga general (convocada por la CNT y secundada por los comunistas), que la UGT (con Largo Caballero a la cabeza del Ministerio de Trabajo) fue incapaz de desconvocar.

La represión de la huelga dejó un balance de 30 muertos y unos 200 heridos. España asistió sobrecogida a la destrucción a cañonazos de una taberna donde se reunían los huelguistas en pleno barrio de la Macarena.

En Casa Cornelio se reunían los anarquistas y el gobierno mandó destruirla a cañonazos. (23/07/1931)

Una comisión parlamentaria hizo el paripé de desplazarse a la ciudad para esclarecer los hechos.

Si la República no se hace respetar, se hará temer.

La República había perdido el prestigio de la autoridad y para reconquistarlo tuvo que verter mucha sangre.

Azaña, que había empezado en Mayo declarando que la vida de un republicano valía más que todas las iglesias de España, en Octubre cambió de eslogan: “si la República no se hace respetar, se hará temer.”

El hoy famoso político tardó 6 meses en comprender que la República —como la Monarquía—, necesita el poder coercitivo del Estado para mantener el orden y da igual que este se llame Gendarmería, Scotland Yard, Guardia Roja o Guardia Civil.

Tres meses después creaba la Guardia de Asalto, un cuerpo "auténticamente republicano" y anunciaba una subida de impuestos.

Heraldo de Madrid (15/10/1931)

El Gobierno recogía la semilla que había sembrado. Una vez perdido el principio de autoridad, ni poniendo un policía detrás de cada español conseguieron hacer cumplir las leyes.

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Las promesas electorales de reparto de tierras sólo eran viables sobre el mapa. Por la alarma que generó, el Gobierno tuvo que rectificar su primer y alocado Decreto agrario y aceptar que había que indemnizar a los propietarios expropiados.

Sin embargo no había dinero, el 29 de Octubre de 1931 —todavía no se había aprobado la Constitución—, Indalecio Prieto anunció un agujero de 500 millones en el presupuesto estatal.

Para que os hagáis una idea: se estimaba que pertrechar de tierra, aperos, abonos y semillas a los primeros 60.000 jornaleros (había dos millones a la cola) costaría unos 1.000 millones de pesetas.

La prensa conservadora se preguntaba: ¿De donde piensa el Gobierno sacar el dinero? (La Veu de Catalunya, 3 de diciembre de 1931).

Como las desgracias nunca vienen solas, aquel invierno la sequía en Andalucía arruinó la cosecha de aceituna y miles de temporeros quedaron parados. La iniciativa industrial estaba paralizada en España por la conflictividad laboral y miles de obreros se quedaban sin trabajo en una época que no existían prestaciones sociales.

Se había cerrado un círculo vicioso: los obreros descontentos siguieron nutriendo las filas de los sindicatos de "acción", dando nuevas alas a la violencia social.

Se puso en marcha una bomba de relojería que los gobiernos siguientes fueron incapaces de desactivar en un clima de permanente inestabilidad política.