El mismo día de la proclamación de la II República, el nuevo gobierno provisional hizo público un "Estatuto Jurídico" en cuyo tercer artículo anunciaba "respetar de manera plena la conciencia individual mediante la libertad de creencias y cultos."
Todo en orden.
Después de haber sido llevado a hombros por el pueblo madrileño hasta el Gobierno, el comité revolucionario hacía público su primer decreto de intenciones políticas.
Anticlericalismo en la segunda República
Sin Parlamento y sin Jefe del Estado, el nuevo Gobierno “en virtud de las razones que justifican la plenitud de su poder”, también se atribuyó la facultad de suspender los derechos ciudadanos: "someterlos a un régimen de fiscalización gubernativa", según decía el manifiesto.
Y añadían que el nuevo Gobierno: "incurriría en verdadero delito si abandonase la República naciente". Amenazando a "quienes desde fuertes posiciones seculares y prevalidos de sus medios, pueden dificultar su consolidación..." [art. 6º]
La mención no era explícita pero quedaba claro por dónde iban los tiros.
Un Estado laico por decreto
El Estatuto Jurídico era la base programática sobre la que el Gobierno Provisional promulgó una serie de decretos de marcado carácter anticlerical poco tiempo después de alzarse al Poder.
Las nuevas normas rescindían unilateralmente los acuerdos que habían vinculado tradicionalmente a España con el Vaticano. Lógicamente, la jerarquía eclesiástica se opuso a estas medidas y encontró el apoyo de sus fieles. Ciudadanos que querían que sus creencias fueran respetadas.
A pocos hubiera molestado un Estado aconfesional, pero los políticos republicanos iban más allá, eran laicistas, pretendieron despojar de un plumazo la vertiente religiosa de la sociedad española.
Prohibieron impartir enseñanza al clero y promulgaron leyes que obligaban a derribar las tapias de los cementerios que separaban las tumbas católicas de las paganas.
Lo cierto es que la "Ley de secularización de cementerios" levantó más ampollas que quitar los crucifijos de las escuelas.
¿Qué necesidad había de paganizar un campo santo?
La ley pretendía crear una mezcolanza de tumbas, una absurda "igualdad entre difuntos" que solo conseguió herir a los creyentes.
La nueva legislación facultaba a los ayuntamientos a expropiar los cementerios existentes.
Nuestros abuelos no entendían esa obsesión por prohibir las manifestaciones públicas de fe católica: que los ritos funerarios solo pudieran hacerse a pie de sepultura, o que se prohibieran las tradicionales misas de difuntos.
¿Qué necesidad había de prohibir el tañido de las campanas?
La medida era tan absurda, que su aplicación final dependió del sectarismo del Gobernador Civil de turno. Gobernadores que acababan de ser nombrados a dedo en cada provincia.
¿No había problemas más apremiantes en España?
Durante la Monarquía se permitía la celebración de entierros civiles. En plena dictadura enterraron multitudinariamente a Pablo Iglesias en Madrid, pero la República exigía secularizar los cementerios.
Vale.
Los católicos no entendían la obsesión por acabar con las fiestas del patrón del pueblo, con las romerías y las procesiones. Tampoco la obligación de declarar en vida el deseo expreso para ser enterrado como católico.
El artículo 4 de la "ley de cementerios" establecía que ningún ciudadano podía ser enterrado con rito religioso «a no ser que hubiese dispuesto lo contrario de manera expresa». Negocio redondo para los notarios.
Aunque la mayoría de españoles eran indiferentes en materia religiosa, la medida cabreó a una inmensa mayoría acostumbrada a sepultar a sus muertos por el rito católico.
¿Que le importaba a un analfabeto que la República permitiera el divorcio?
Un asunto de señoritos: los divorcios que se celebraron en España fueron de gente guapa, llevados por abogados con escaño en las Cortes.
Se promulgaron pomposas leyes "progresistas" en medio de intensos debates parlamentarios; sin embargo, no se tocó el Código Civil. Las mujeres seguían necesitando permiso paterno o del marido para viajar al extranjero.
A la nueva casta no le bastaba con atraer votantes por convencimiento, se empeñaron absurdamente en perseguir al creyente, al religioso.
Uno de los más graves errores de la II República fue soliviantar, sin necesidad ni motivo, el espíritu religioso de la sociedad española. El dogmatismo oficial creó un problema donde no lo había: el de una mayoría religiosa oprimida, un ejército de creyentes profundamente ofendidos.
* * *
La coalición republicano-socialista diseñó una ley electoral a medida, que arrampló con el 85% de los escaños en las nuevas Cortes Constituyentes.
El nuevo mapa parlamentario no reflejaba la realidad de la sociedad española. Gracias a esta abrumadora mayoría, se aprobó una Constitución que defraudó a buena parte de los ciudadanos por su extremismo: masas apolíticas (hoy diríamos indecisos) que habían apoyado el advenimiento de la República.
Anticlericalismo del artículo 26 de la nueva Constitución
España ha dejado de ser católica.
El 13 de Octubre de 1931, Azaña pronunció una de las frases más petulantes jamás escuchadas en el Parlamento: "España ha dejado de ser católica".
La mera pretensión de cambiar por decreto la creencia religiosa de un pueblo es un disparate, sin embargo, recibió el aplauso enfervorecido del nuevo Parlamento.
Dos días después, Don Manuel se aupaba a la Presidencia del Gobierno en una de las carreras políticas más fulgurantes de la historia de España.
No merece la pena extenderse en que es imposible legislar sobre el alma de un pueblo, bastan los hechos: mientras el Parlamento discutía el famoso artículo 26, en los cementerios de Madrid recibían cristiana sepultura 7.859 cadáveres, contra 134 por lo civil [datos del segundo semestre de 1931].
Así era la sociedad española y ningún político iba a cambiarla de la noche a la mañana por decreto.
* * *
Había quedado aprobado el artículo 26 de la nueva Constitución, el marco legal en que se desenvolvería la actividad de la Iglesia Católica en el futuro.
El objetivo era triturar la institución: el artículo 26 cerraba el grifo del presupuesto estatal, dejaba la puerta abierta a la expropiación de sus bienes, y le prohibía el ejercicio de la industria, el comercio y la enseñanza.
En román paladino: condenaba a la Iglesia a vivir de la limosna.
Los nuevos dirigentes pretendían que la Iglesia abandonara las actividades educativas y sociales que venía realizando históricamente. La nueva casta percibía estas actividades como la inoculación de un tóxico mortal en la sociedad.
Tras un siglo XIX ocupado en pronunciamientos y guerras civiles, los políticos apenas habían tenido tiempo libre para desarrollar servicios sociales.
Actividades como la educación, la sanidad y el auxilio social habían sido sistemáticamente abandonadas en manos de la Iglesia. Ahora trataban de barrer todo eso de un plumazo.
* * *
La aprobación del artículo 26 no estuvo exenta de polémica. Entre los nuevos integrantes del Gobierno había uno de misa diaria. Como España es el país de las paradojas, acabó convertido en Presidente de la República.
Veréis.
El mismo día que se aprobó el artículo 26, dimitía el primer Presidente del Gobierno de la corta historia de la II República: Don Niceto Alcalá-Zamora. Su condición de creyente le impedía aceptar el denigrante trato que la Constitución daba a la Iglesia Católica.
La dimisión fue aceptada y la zancadilla permitió que fuera reemplazado por D. Manuel Azaña con el apoyo de republicanos de izquierda y socialistas.
En solo dos años, Azaña había pasado de ser un funcionario del registro de últimas voluntades a Presidente del Gobierno. Sin duda, una meteórica carrera política para el líder de un partido con solo 25 escaños.
Pero tampoco le iba a la zaga el beato Alcalá Zamora. Dos meses después de dimitir, no tuvo ascos en jurar la nueva Constitución que tanto repugnaba a su alma cristiana para convertirse en el primer Presidente de la República.
Don niceto sacrificó sus más íntimas convicciones para ser nombrado Jefe del Estado. Casualmente se olvidó de la campaña de reforma constitucional que había anunciado.
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Aspecto del Balcón de la Plaza de Oriente el día de la Proclamación de Alcalá-Zamora como Presidente de la República. |
El Parlamento quedó satisfecho. No obstante, yo me pregunto qué opinarían los padres que vieron arder las escuelas de sus hijos en la quema de iglesias de mayo de 1931.
Padres a los que no quedó otro remedio que confiar en los modernizadores planes educativos del nuevo Gobierno. Planes consistentes en fabricar —deprisa y corriendo— nuevas escuelas sin crucifijos en la pared.
Persecución religiosa: La ley de Congregaciones y Confesiones religiosas
A pesar de todo, el momento de mayor confrontación entre el Gobierno y los católicos estaba por llegar.
Se produjo año y medio después, con la aprobación de la Ley de Congregaciones y Confesiones religiosas el 17 de mayo de 1933. La ley ponía en práctica los postulados del art. 26 de la Constitución. Supuso la culminación de la política persecutoria anticlerical de la segunda república.
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Colegio del Convento de las Maravillas de Cuatro Caminos destruido por las llamas el 12 de mayo de 1931. (Ahora. 13/05/1931. Pág. 11) |
El Gobierno de Azaña sacó adelante la versión más sectaria de todas las propuestas presentadas en el Parlamento:
- Suprimía definitivamente la dotación presupuestaria que el Estado otorgaba a la Iglesia.
- Nacionalizaba templos, monasterios y seminarios.
- Ordenaba el cierre obligatorio de los centros de enseñanza católicos.
La medida suponía dejar sin colegio 400.000 niños.
Casi na.
Había que construir miles de nuevas escuelas. Una promesa electoral más, que igual que la reforma agraria, fue imposible de cumplir por falta de recursos humanos y financieros.
En todo el periodo republicano sólo se aprobaron unos presupuestos generales. Fueron prorrogados sistemáticamente en un clima de permanente de inestabilidad política.
Mira lo que apuntaba Azaña en sus diarios una semana antes de aprobarse la ley:
"Otra cosa le preocupa [se refiere al Ministro de "Instrucción pública"]: cree imposible que se pueda sustituir en enero toda la enseñanza primaria y teme el espectáculo de las escuelas de frailes cerradas sin que los niños tengan adónde ir" (Diarios. 11/05/1933)
En un clima de creciente crisis económica y violencia social, con las cifras de paro disparadas, el pueblo sólo quería que se solucionaran sus problemas; pero sus señorías preferían enzarzarse en acalorados debates para sacar adelante una ley de "secularización de cementerios".
* * *
El artículo 2º de la Constitución garantizaba la igualdad de todos los españoles ante la ley; sin embargo se recortaban derechos a los ciudadanos católicos por sus meras creencias religiosas.
Pocos estaban en contra de quitar a los curas el privilegio de dar clase por el mero hecho de llevar sotana. Era lógico que se les exigiera el mismo título que a los maestros, pero.. ¿por qué había que echar a la calle a los capellanes de hospitales y penitenciarías? ¿Acaso no eran tan funcionarios como el que más?
Puro sectarismo o... ¿se trataba de enchufar nuevos funcionarios en las plazas vacantes para crear redes clientelares?
Los nuevos gobernantes persiguieron la religión y lo único que consiguieron fue que una mayoría de no practicantes volviera a llenar las iglesias. Los ideales siempre se han reforzado con la persecución en España. Cuando Azaña quiso darse cuenta, ya era demasiado tarde.
El despeñadero hacia la guerra civil
El vuelco electoral de 1933
El propio Azaña reconoció que el asunto religioso había sido el principal causante de la debacle electoral en las elecciones de 1933.
La coalición de derechas que venció en las urnas traía la promesa electoral de rectificar la política anticlerical anterior. Sin embargo, Don Niceto Alcalá Zamora prefirió entregar el poder al partido radical de Alejandro Lerroux.
Los radicales reconocían que España era mayoritariamente católica y prometieron durante la campaña "suavizar" la legislación contra la Iglesia; aunque lo cierto es que habían votado a favor de las leyes anticlericales.
Gil Robles era el portavoz de la coalición de partidos conservadores que habían ganado ampliamente las elecciones. En vez de forzar unas nuevas elecciones, prefirió colaborar con Lerroux: el partido más votado sería a la vez oposición y apoyo de un Gobierno minoritario con el que mantenía grandes diferencias programáticas. Acabó defraudando a sus propios votantes.
Con todo, el cambalache ministerial de Lerroux y Gil Robles aguantó dos años muy complejos en los que se sucedieron 14 crisis de gobierno, a las que hay que sumar un intento de golpe de Estado, una proclamación de independencia en Cataluña y 1.200 muertos en Asturias, incluida la destrucción del casco histórico de Oviedo.
La inestabilidad política impidió la reforma constitucional que hubiera permitido modificar la legislación anticlerical.
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Aspecto del centro de Oviedo después de la "Revolución" de Asturias. |
Los mismos historiadores que llaman "bienio progresista" a la obra de Azaña, no dudan en calificar "bienio negro" la labor del gobierno salido de las urnas a finales de 1933.
Tuvieron que conformarse con no hacer efectiva la legislación anticlerical vigente, mientras se peleaban por acaparar carteras ministeriales, amnistiar los cerca de 8.000 presos gubernativos que había dejado el anterior Gobierno, e indultar a los principales cabecillas del golpe de Estado del 34.
Después de varios intentos, el chiringuito de Gil Robles y Lerroux acabó torpedeado por el propio Presidente de la República cuando este filtró a la prensa unos documentos que implicaban al Gobierno en el conocido como escándalo del Estraperlo.
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Incendio de la iglesia de los vascos en la calle Principe 31 de Madrid, los bomberos tratan de recuperar la imagen de San Ignacio de Loyola (13/03/1936) |
Tras el escándalo, Alcalá Zamora nombró Presidente a Portela Valladares, un político con fama de "electorero". Portela no representaba a nadie ─no tenía ni escaño─, pero hacía de testaferro del Presidente. Este quería crear un nuevo partido de "centro" que cubriera el hueco dejado por la ciris de los radicales. La jugada salió mal y acabó costándole la propia presidencia de la República.
Los monárquicos no se fiaron de Gil Robles en las elecciones del 36. Les había traicionado a cambio de unas carteras ministeriales. No se habían cumplido las promesas electorales prometidas y faltó la unión necesaria para repetir la coalición de 1933.
En cambio, si lo hicieron las izquierdas. Como la ley electoral de la República favorecía las coaliciones, se repitió el desfase entre el reparto de escaños y el número de votos característico de todas las citas electorales de la II República
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El gobernador de Segovia multa a un párroco por "celebrar un entierro religioso sin su autorización." (La Nación - 26/02/932, pág 6) |
Epílogo: El Frente Popular
La victoria del Frente Popular significó el triste epílogo de la persecución religiosa durante la segunda República.
Las primeras actuaciones del nuevo gobierno derogaron las tímidas leyes que se habían promulgado para mitigar el anticlericalismo. La demonización de la Iglesia, el incendio de templos y el cierre de escuelas católicas volvió al orden del día.
En el 36 la discordia estaba ya sembrada y era irreversible. El pueblo estaba inmerso en una guerra civil espiritual entre los que pretendían salir en procesión y los que trataban de impedirlo.
* * *
En vez de actuar sin rencores, en vez de buscar la mutua tolerancia, los políticos se dedicaron a sembrar cizaña y sacar a la luz antiguas rencillas en una España que tenía mucha sarna que rascar.
Adoptaron la táctica de dividir a los españoles: vencedores republicanos contra vencidos monárquicos, creyentes contra laicos, izquierdas contra derechas, terratenientes contra jornaleros. Política funesta que dejó el terreno abonado para lo que vendría después.
Las iglesias continuaron ardiendo y acabó muriendo mucha gente en una guerra incivil.
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